Entrevista realizada por CNN al Relator Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas a un año de la declaración de los Derechos de los Pueblos indígenas de las Naciones Unidas.http://www.colmex.mx/videot/stavenhagen.htm
sábado, 13 de septiembre de 2008
Indígenas reclaman sus tierras robadas y estalla la ira terrateniente
La prioridad del movimiento cívico prefectural cruceño no es erradicar el latifundio mal habido o la esclavitud indígena, sino restringir las TCOs en su republiqueta autónoma.
(UPIC-Tierra).- Como en casi todas las confrontaciones políticas contemporáneas, la disputa por la tierra es el catalizador de la violenta revuelta separatista que estalló en Santa Cruz.
Los pueblos indígenas y campesinos reclaman la devolución de territorios despojados a sus ancestros, y la burguesía terrateniente cruceña defiende sus latifundios mal habidos activando un golpe cívico prefectural en Santa Cruz, el departamento más extenso y desarrollado de Bolivia.
Luego de tres siglos de sistemático despojo del territorio indígena durante la colonia y la República, la reforma agraria de 1953 entregó a un sector minoritario las tierras más ricas que quedaban en la región amazónica y chaqueña, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas, y sin el mínimo sentido de proporción y equidad, coinciden la Iglesia Católica y decenas de investigaciones e informes de organismos internacionales independientes.
Desde 1953 hasta 2002 el Estado distribuyó aproximadamente 35,9 millones de hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz entre 144.162 beneficiarios, estima el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Más de 54 mil pequeños propietarios que representan el 38 por ciento de los beneficiarios obtuvieron 2,2 millones de hectáreas, es decir el 6,3% de la tierra distribuida. Un poco más de 22 mil medianos empresarios (15,3 por ciento de los beneficiarios) recibieron más de 7,3 millones de hectáreas (20,5% de la superficie). Alrededor de 31 mil personas (22% de los beneficiarios) consolidaron derechos colectivos sobre 6,2 millones de hectáreas de tierras comunitarias de origen-TCO (17,4% de la superficie).
En la inequitativa repartija, 11.140 grandes empresarios agropecuarios, que representan el 7,7 por ciento de los beneficiarios, se apropiaron de casi 19 millones de hectáreas, es decir el 52,6% de la tierra cruceña distribuida en 50 años.
En este último grupo de privilegiados, sólo 860 dueños de predios de más de 5 mil hectáreas de extensión concentran la propiedad de 8,7 millones de hectáreas. Representan menos del 8 por ciento de los empresarios beneficiados, pero atesoran el 46 por ciento de la tierra clasificada como empresa agropecuaria.
Se estima que sólo 246 empresarios poseen haciendas de entre 10 mil y 20 mil hectáreas. Apenas 20 terratenientes tienen cada uno entre 20 mil y 50 mil hectáreas. Los cuatro más ricos entre los ricos son dueños de latifundios de más de 50 mil hectáreas.
Estos cuatro potentados ostentan en conjunto 802.878 hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz, más de lo que recibieron en medio siglo 2.145 pequeños propietarios que tienen entre 20 y 50 hectáreas.
Latifundio y servidumbre
La "escandalosa" concentración de la tierra provocó conflictos que dañan las bases de la convivencia civil y es caldo de cultivo de regímenes de opresión y explotación laboral semi feudales que se creía superados por la "modernidad". La servidumbre indígena, una lacra con profundas raíces históricas, aún no ha sido erradicada al comenzar el Siglo XXI.
Centenares de familias guaraníes son sometidas a jornadas de trabajo forzoso de hasta 15 horas diarias en algunas haciendas en las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Esta gente no goza de derechos laborales elementales y trabaja en una condición de servidumbre por deudas análoga a la esclavitud, confirman decenas de informes y estudios realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Defensor del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e inclusive por el departamento de Estado de Estados Unidos.
En junio de 2008, una misión especial de la CIDH corroboró en el terreno que se han agravado las relaciones de dominación violatorias de los derechos humanos en zonas del chaco; y verificó la extrema vulnerabilidad de los derechos laborales y sociales de la población guaraní sin tierra.Los patrones definen las condiciones y duración de la jornada de trabajo de sus pongos, las modalidades de pago, el registro de deudas, la forma de administración de los anticipos y la frecuencia de los "arreglos".
Los cautivos analfabetos, que desconocen sus derechos y no tienen forma de controlar las cuentas, pierden su libertad y son obligados a trabajar de por vida e inclusive a heredar deudas a sus hijos.
Los propietarios aseguran que la servidumbre ha sido superada y justifican "situaciones circunstanciales" de algunas familias necesitadas que viven en la absoluta miseria, durmiendo en chozas de un solo ambiente en los márgenes de las haciendas.
Este tipo de explotación servidumbral está presente en otras zonas rurales del departamento de Santa Cruz como la chiquitanía.
Los indígenas chiquitanos comenzaron a ser sometidos a trabajos forzosos en los últimos dos decenios del siglo XIX en el auge de la explotación gomera, y en los años 30 del Siglo XX durante la construcción del ferrocarril a Puerto Suárez. Algunos huyeron del "empatronamiento" y fundaron en el monte comunidades como Lomerío y Monte Verde, pero no todos se salvaron del cautiverio y de la "esclavitud por deudas".
En 1937 el presidente Germán Bush prohibió el "empatronamiento" y la reforma agraria de 1953 liberó a algunas poblaciones explotadas, pero se mantuvieron las estructuras agrarias pre modernas, luego consolidadas por el gobierno neoliberal y terrateniente de Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997).
Al comenzar el siglo XXI aún pueden verse en el área rural de Santa Cruz sistemas semi feudales y actores que pugnan por mantener estructuras "no muy modernas", con la mirada puesta en los recursos naturales como el hierro o las mismas tierras, observa el antropólogo Bernd Fischermann, que estudia desde hace décadas los sistemas de acceso y tenencia de la tierra en la región chiquitana. (Chiquitanos y la propiedad comunal de la tierra, PIEB, http://www.pieb.com.bo/nota.php?idn=3068).
Tierra para los cautivos
La CIDH y otros organismos internacionales "enrostraron" al gobierno boliviano la existencia de regímenes injustos y vergonzosos en pleno siglo XXI, e instaron a todos los poderes del Estado a garantizar los derechos fundamentales de comunidades nativas que continúan sufriendo una extrema discriminación.
La CIDH exigió una reforma agraria inmediata, pues la única manera de erradicar la servidumbre es dar tierra a los indígenas cautivos.
Según la CIDH, desconocer el derecho ancestral de comunidades indígenas sobre sus territorios podría afectar otros derechos básicos como el derecho a la identidad cultural y a la supervivencia. Por ello, puede ser necesario restringir el derecho a la propiedad privada particular para preservar identidades culturales colectivas. (OEA- CIDH: "Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia")
El viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Juan Carlos Rojas han intentado tramitar una tierra comunitaria de origen (TCO) a favor de los guaraníes cautivos de Alto Parapetí, pero los patrones de la provincia Cordillera y sus grupos de choque armados les han impedido hacer su trabajo en tres oportunidades.
El gobierno declaró pausa en el saneamiento en la provincia Cordillera el 13 de abril, luego de una violenta emboscada encabezada por terratenientes y ganaderos que obtuvieron enormes haciendas de manera irregular en las dictaduras y en los regímenes neoliberales del pasado.
El 8 de marzo de 2008, la Cámara Agropecuaria de Oriente, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz, junto con autoridades municipales y hacendados de la provincia Cordillera conformaron "comités de defensa" de las haciendas del chaco. El 14 de mayo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) y otros gremios patronales crearon un Comité Interinstitucional para evitar la "confiscación de la propiedad privada productiva" y el reparto "político" de tierras, es decir la titulación de la TCO guaraní en Alto Parapetí.
Ahora las elites cruceñas imponen a palos un estatuto autonómico que otorga exclusivas competencias legislativas y ejecutivas sobre la tierra a un gobierno cruceño tan autónomo como una republiqueta independiente, y cuyo principal mandato es proteger la gran propiedad privada de la tierra de los terratenientes que encabezan el movimiento cívico prefectural de Santa Cruz.
El líder cívico Branco Marinkovic, enjuiciado por apropiación ilícita de más de 27 mil hectáreas de tierras fiscales e indígenas, impone un régimen autonómico fascista que niega a comunidades indígenas despojadas su derecho a la tierra; que viola varios tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano y que mantiene las relaciones laborales esclavistas en haciendas mal habidas.
No es una prioridad para la "república autonómica" cruceña corregir la desmedida concentración de tierras en pocas manos sino suspender la titulación de nuevos territorios indígenas.
El prefecto Rubén Costas y el cívico Branco Marinkovic dicen que la tierra de Santa Cruz pertenece exclusivamente a los cruceños, pero les niegan una TCO a los guaraníes del chaco, los primeros cruceños.
Los autonomistas desatan una violenta revuelta regional a riesgo de fracturar el país sólo por proteger las haciendas de unos cuantos patrones descendientes de europeos, croatas y turcos.
Publicado por Prensa Indígena Chaskinayrampi
Dirigentes indígenas se declaran en la clandestinidad
Santa Cruz, 11 Sep (Erbol).-
Los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob) se declararon este jueves en la clandestinidad, a causa de la persecución de la que son objeto por grupos vandálicos alentados por el prefecto Rubén Costas.
Un grupo unionistas allanaron al medio día de este jueves las oficinas de la Cidob ubicadas en la villa 1ro de Mayo, estas instalaciones fueron saqueadas, y las viviendas de los dirigentes asaltadas y destruidas.
“Han roto ventanas y puertas y se han robado todo lo que han podido, también destruyeron las viviendas de los dirigentes que solo cumplen el mandato los dirigentes y dirigentas han quedado solo con la ropa del cuerpo”, indicó una fuente vinculada a los pueblos indígenas.
El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, en declaraciones a la Red Erbol acusó a los indígenas guarayos José Urañavi, Ignacio Urapuca, de ser los principales cabecillas de la intervención a la “Casa Grande” de los pueblos indígenas.
“Nosotros queremos denunciar ante el mundo que el prefecto Rubén Costas quiere masacrar a los indígenas que hasta el momento no hemos contestado a ninguna de sus provocaciones”, concluyó Chávez.
Publicado por Prensa Indígena Chaskinayrampi
Un grupo unionistas allanaron al medio día de este jueves las oficinas de la Cidob ubicadas en la villa 1ro de Mayo, estas instalaciones fueron saqueadas, y las viviendas de los dirigentes asaltadas y destruidas.
“Han roto ventanas y puertas y se han robado todo lo que han podido, también destruyeron las viviendas de los dirigentes que solo cumplen el mandato los dirigentes y dirigentas han quedado solo con la ropa del cuerpo”, indicó una fuente vinculada a los pueblos indígenas.
El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, en declaraciones a la Red Erbol acusó a los indígenas guarayos José Urañavi, Ignacio Urapuca, de ser los principales cabecillas de la intervención a la “Casa Grande” de los pueblos indígenas.
“Nosotros queremos denunciar ante el mundo que el prefecto Rubén Costas quiere masacrar a los indígenas que hasta el momento no hemos contestado a ninguna de sus provocaciones”, concluyó Chávez.
Publicado por Prensa Indígena Chaskinayrampi
miércoles, 3 de septiembre de 2008
Indígenas e historiadores
Miercoles de 03 de septiempre de 2008
fuente :la nacion
Los comentarios de Villalobos son dolorosos por su insensibilidad. Reflejan la existencia de un tipo de sociedad que quisiéramos ver erradicada: la de la intolerancia.
El historiador Sergio Villalobos declaró que en Chile "indígenas puros propiamente no existen". Dice que existen "agrupaciones mestizas que se formaron sobre las antiguas etnias" y que los actuales descendientes, aparte de colaborar en su dominación, son responsables de haber entregado las tierras ancestrales, que cambiaban por alcohol y que hoy rige respecto de ellas el concepto de propiedad privada.
Con reiterada frecuencia, la prensa conservadora atiza la estrategia de contraponer los derechos indígenas ancestrales con una teoría discriminatoria y racista, de la cual Villalobos o Gonzalo Vial o editorialistas de estos medios dominantes son exponentes. Una sociedad democrática, que camina hacia la idea de una sociedad tolerante, inclusiva y no discriminatoria, no puede sino observar con preocupación que estos conceptos vertidos por el historiador no sólo son injustos, amén de equivocados, sino que despiertan una natural indignación.
La sociedad chilena tiene un fuerte componente mestizo que supera a la población indígena. Pero los indígenas puros no han desaparecido, por mucho que hubo intentos genocidas, en especial bajo gobiernos conservadores y dictaduras militares, y están en muchas comunidades originarias del campo e incluso de las ciudades. La prueba radica en la conformación familiar, la herencia cultural y genética de las familias indígenas, tema que no requiere mayor argumentación. Lo preocupante de estas declaraciones es que esa forma de referirse a nuestros pueblos indígenas revive un permanente interés dominante y conservador de evadir un tema de fondo: Chile es un país racista, intolerante, discriminativo y excluyente para nuestros indígenas. Ha costado muchas décadas abrir caminos al reconocimiento de una deuda histórica, lo que se logró en parte en abril de 2004 con el Informe Presidencial de Verdad y Nuevo Trato.
¿Ignora Villalobos que la pacificación de la Araucanía implicó que el Estado invadió las tierras indígenas y contra la voluntad de nuestros pueblos las declaró "tierras fiscales" porque asumió que no tenían dueños o eran terrenos baldíos? ¿Ignora que muchas de las actuales haciendas o grandes territorios usurpados de este modo a los indígenas chilenos implicó su exilio interno, su desarraigo cultural, la pobreza y la marginalidad que durante décadas han dominado la relación entre indígenas y chilenos? Denuncia que existen agitadores, amparados por antropólogos y entidades que abren camino a la delincuencia y a un supuesto terrorismo, pero nada dice sobre los hechos de inseguridad que afectan a los indígenas, por la acción de terceros que invaden sus tierras, acosan a sus dirigentes, atemorizan a las comunidades e incitan a la violencia. ¿Tiene resuelto Villalobos el origen de los actos delictuales ocurridos en Vilcún y alrededores? A lo menos, debiéramos pensar en la responsabilidad de grupos interesados en evitar que los derechos indígenas se instalen con justicia y conforme al derecho. Se hace indispensable desnudar a quienes forman estos grupos y a quienes los amparan.
En Chile los gobiernos de la Concertación han realizado importantes esfuerzos para reconocer los derechos de nuestros pueblos indígenas. Lo ha hecho también Naciones Unidas con la declaración universal aprobada en septiembre pasado. Lo ha planteado la Iglesia y cabe recordar que todos los candidatos presidenciales desde 1999 a la fecha -sin excepción- han comprometido su voluntad para abrir caminos a este reconocimiento. Los indígenas constituimos una diversidad de pueblos que existíamos desde antes de la instalación del Estado independiente. Los derechos fueron subyugados y el patrimonio confiscado de muchas maneras. A los indígenas la sociedad los escondió, los redujo y los invisibilizó. Sobrevivieron solamente por la fuerza de su cosmovisión y la transmisión oral de nuestro lonkos, lamgen y caciques. En algunos momentos recuperaron parte de sus derechos. En otros, como en la dictadura, mediante un decreto ignominioso, se les quiso borrar del léxico político y jurídico. La dictadura dijo en 1978 que en Chile no existían indígenas.
Los comentarios de Villalobos son dolorosos por su insensibilidad. Sus palabras reflejan la existencia de un tipo de sociedad que quisiéramos ver erradicada: la de la intolerancia. Nos conforta, sin embargo, el que la voluntad presidencial es sólida en cuanto a cautelar que antes de 2010 Chile habrá cumplido parte fundamental de sus compromisos con los valores y derechos de nuestros indígenas.
grrf
grrf
Suscribirse a:
Entradas (Atom)