domingo, 19 de octubre de 2008

Construyendo una nueva sociedad. Los aportes de la CONAIE, el EZLN y el movimiento mapuche [*]

Juan Diez
En los últimos años, una multiplicidad de movimientos sociales logró irrumpir en los escenarios políticos latinoamericanos, reclamando la construcción de sociedades más democráticas e incluyentes. Las formas de emergencia, organización, constitución y proyección son múltiples y variadas, aunque presentan también grandes similitudes, recurriendo muchas veces tanto a viejos métodos como a nuevos, o entremezclando lo nuevo y lo viejo. Una de las expresiones más claras es la aparición y desarrollo de los movimientos indígenas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México y el movimiento mapuche en Chile son manifestaciones representativas de estos nuevos movimientos.
Es común en ciencias sociales plantear un fenómeno que se instala en la sociedad como algo novedoso. Pero, ¿puede hablarse de nuevos movimientos cuando se trata de pueblos indígenas con historias ancestrales que se remontan incluso antes de la Conquista? ¿y en todo caso, qué es lo realmente nuevo? Es posible encontrar parte de la respuesta a partir del estado permanente de crisis que aparece como el marco contextual necesario para el análisis de las últimas décadas en América Latina. Pero no en el sentido estrecho que implicaría suponer nada más que la crisis generó mayor desigualdad y pobreza, y por lo tanto, mayor descontento y acciones de protesta social. En palabras de Coll Lebedeff (1999:129): “lo nuevo son los propios problemas que plantea este horizonte histórico y lo nuevo son las respuestas que logra construir el movimiento social que percibe el entorno en el cual se está desarrollando y se organiza de nuevas formas”.
En este sentido, en el presente artículo se trata de analizar, por un lado, las transformaciones de las últimas décadas y los factores que permitieron una mayor visibilidad y revitalización del movimiento indígena. Por otro lado, se intenta repasar las distintas formas de acción, organización, demandas, relación con otros actores y con el Estado que estos movimientos articulan para dar respuesta a los problemas que atraviesan las sociedades latinoamericanas contemporáneas. La comparación entre algunos de los aspectos más significativos de estos movimientos indígenas, buscando resaltar similitudes y diferencias, permitirá obtener una mejor compresión de este nuevo fenómeno.

Crisis, transformaciones sociales y revitalización de los movimientos indígenas
A pesar de las grandes diferencias en términos históricos, políticos, económicos y sociales de Chile, Ecuador y México, al revisar algunos acontecimientos de las últimas décadas, pueden encontrarse ciertos puntos de contacto que permiten entender el (re)surgimiento de los movimientos indígenas.
Hacia fines de la década del sesenta, se empezaron a ver los signos del agotamiento del patrón de desarrollo que se había venido estructurando desde la década del treinta y, sobre todo, a partir de la segunda posguerra en América Latina. Las protestas obrero-estudiantiles que se registran en esa época –que tienen su expresión más clara y dramática en los episodios de Tlatelolco de 1968– no son más que la manifestación de dicho agotamiento. Ante esa situación de creciente descontento social y radicalización de varios sectores de la sociedad, agravada por el temor generado por la influencia de la revolución cubana, Estados Unidos lanzó la Alianza para el Progreso. Influida por la teoría de la modernización[1], la Alianza para el Progreso proponía el recurso de la reforma agraria para romper el estancamiento rural, y una industrialización más rápida y menos limitada que en el pasado. Otro objetivo menos mencionado –pero fundamental en la formulación de la estrategia– era la consolidación de las estructuras políticas y sociales capaces de contener el conflicto social ante la amenaza de intentos revolucionarios como el cubano (Halperín Donghi, 1998:523-524).
Esta estrategia propuesta por la administración Kennedy tuvo particular influencia en el desarrollo político de Chile y Ecuador hacia fines del sesenta y principios del setenta respectivamente.
Con el triunfo del demócrata cristiano Eduardo Frei en 1964 se daba inicio a la “revolución en libertad” en Chile. Como parte de su programa, se realizó una reforma agraria destinada a crear un nueva clase de agricultores que sirviera de base social para su proyecto. Paradójicamente, éste no sólo no se pudo completar por los conflictos que generó hacia el interior de la coalición gobernante –incluyendo la escisión hacia la izquierda de los sectores más involucrados en la reforma dentro de su propio partido– sino que dio la posibilidad para que la izquierda y grupos radicalizados ganaran mayor espacio. Tras la asunción de Salvador Allende con la Unidad Popular se trató de llevar adelante una nueva reforma agraria que beneficiara a los indígenas, pero fue interrumpida por el golpe militar de 1973.
Un año antes, otro golpe militar ya había puesto fin por quinta vez al gobierno de José María Velasco Ibarra en el Ecuador. El Gobierno Revolucionario Nacionalista encabezado por el general Guillermo Rodríguez Lara también efectuó una reforma agraria para dar respuesta a las manifestaciones y revueltas de varios sectores rurales. La reforma agraria redistribuyó un cuarto del área total de las haciendas del país. Pero la mayoría de las tierras no ofrecía ninguna utilidad para el cultivo y, además, los predios entregados eran tan pequeños que el minifundio se convirtió en la constante para los indígenas, haciéndoles imposible cualquier posibilidad de desarrollo y obligándolos a dejar sus tierras.
En el caso de México, la reforma agraria se basó en la tradición posrevolucionaria –sobre todo cardenista– más que en la Alianza para el Progreso. En este sentido, durante el gobierno de Luis Echeverría fue en el período donde se repartieron más tierras después del gobierno de Cárdenas. En marzo de 1972 por decreto presidencial se entregó gran parte de la Selva a una etnia casi extinta: los lacandones. Con el pretexto de preservar a esa comunidad, se arrebataron las tierras a otros grupos indígenas que las habitaban desde hacía años. Detrás del decreto había un gran negociado de políticos y madereros, que se presentó bajo el nombre de Compañía Forestal Lacandona S.A.. Gran parte de la selva se volvió así un monopolio de la compañía, que con ayuda del gobierno, comenzó a expulsar a las poblaciones indígenas.
Los mapuches, al igual que los indígenas chiapanecos, tampoco escaparon a los engaños y dobles discursos del gobierno. En 1978, la dictadura de Pinochet los llamó a buscar soluciones conjuntas a los problemas agrarios, enfatizando el papel que los indígenas debían jugar en la reconstrucción del país. Pero la integración de los mapuches a la sociedad chilena no significó otra cosa que la supresión del indígena mediante el decreto ley 2.568[2]. A su vez, tuvo como resultado una verdadera contrarreforma agraria: el 28% de las tierras expropiadas por el gobierno de la Unidad Popular se devolvieron a sus antiguos dueños, otro 55% fue distribuido en forma de parcelas individuales a unos 40 mil campesinos, mientras que el resto fue transferido a la Corporación Nacional Forestal o licitado al mejor postor (Vergara, 1982:421).
De esta manera, contrariamente a su objetivo de reducir los conflictos rurales, las distintas reformas agrarias realizadas en los sesenta y setenta en estos tres países no hicieron más que acrecentarlos.
El conflicto rural se descomprimió, en parte, con las migraciones hacia la ciudad. Este fenómeno contribuyó a la formación de los grandes conglomerados alrededor de ciudad de México, Santiago, Quito y Guayaquil. A su vez, desde la perspectiva que aquí interesa, la presencia indígena en estas grandes urbes otorgó mayor visibilidad a la realidad indígena.
Otro elemento que permitió reducir los conflictos o, al menos, postergar la crisis fue el fuerte endeudamiento externo y, en México y en menor medida en Ecuador, los altos ingresos petroleros favorecidos por la política llevada adelante por la OPEP a partir de 1973.
Sin embargo, la situación cambió cuando los precios del crudo bajaron y las tasas de interés aumentaron a principios de los ochenta. El anuncio de la moratoria por parte del gobierno mexicano en agosto de 1982 dio origen a una grave crisis económica: crisis fiscal del sector público, alta inflación, recesión y déficit crónicos en las balanzas de pago. En este sentido, la crisis de la deuda puso en evidencia el fin de la matriz político-económica que había prevalecido en algunos países latinoamericanos hasta el momento: la Matriz Estado-Céntrica (MEC), en términos de Cavarozzi (1996)[3].
El impacto de la desintegración de la MEC provocó un deterioro evidente de las condiciones de vida, percibidas esta vez como pérdidas. A su vez, la disgregación de dicha matriz y de los actores colectivos vinculados a ella –partidos políticos, sindicatos, organizaciones campesinas– abrió a los movimientos indígenas varias posibilidades de articulación organizativa local, regional y nacional, sostenidas por nuevos dirigentes con mayor capacidad de mediación, dirección autónoma y privilegio del aspecto étnico, diferentes a los de perfil clasista propio de los actores asociados a la MEC.
Aunque la reforma agraria y las luchas indígenas llevadas adelante en los distintos países no lograron afectar la estructura agraria, sí permitieron echar las bases para cambiar las correlaciones de fuerzas en muchos sectores rurales. Asimismo, la disgregación y el reacomodo de sujetos e identidades facilitó esos cambios. En tal contexto, los dirigentes mapuches lograron articularse en la organización de Centros Culturales Mapuches, luego en Admapu y finalmente, en una decena de organizaciones unidas en la Coordinadora Futa Trawun Kiñewan Pu Mapuche. Estas organizaciones, junto con una parte importante de la Iglesia Católica chilena que venía luchando contra las violaciones de los derechos humanos, resistieron el embate de la dictadura pinochetista a través de reuniones públicas, protestas y manifestaciones. Frente a la fuerte represión del gobierno militar, las parroquias propiciaban un lugar social donde los indígenas encontraban condiciones para reflexionar sobre su situación, organizarse y prepararse para la lucha.
Desde un tiempo antes, también sectores de la Iglesia venían desarrollando un papel importante en la organización de las comunidades indígenas de Ecuador y México. Los cambios producidos en la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II y de los mensajes de los obispos latinoamericanos reunidos en Medellín en 1968, llevaron a que agentes pastorales y dirigentes indígenas de base decidieran conformar una organización que no sólo luchara por la tierra, sino por la defensa de las culturas indígenas y contra la discriminación étnica. Así, en 1972 se conformó Ecuador Runacunapac Richarimuri (Ecuarunari), que agrupó a la mayoría de las organizaciones indígenas de la sierra ecuatoriana. En ese momento, fue fundamental la tarea de formación de dirigentes de Ecuarunari que llevó adelante el obispo Leonidas Proaño desde la diócesis de Riobamba. Otro obispo, Samuel Ruiz, en este caso de la diócesis de San Cristóbal de la Casas, también tuvo un papel importante con los indígenas de Chiapas. En ocasión del Primer Congreso Nacional Indígena celebrado en 1974 en dicha ciudad del sureste mexicano, exigió al Estado que escuchara los reclamos indígenas por tierras, viviendas, construcción de carreteras, clínicas rurales, etc. De este congreso salió una consigna organizativa: “caminemos juntos”. Fue así que empezaron los trabajos conjuntos entre sectores de la Iglesia, jóvenes de izquierda e indígenas, que con el correr de la década del ochenta llevaron a la formación del EZLN.
Esa década coincidió con un fuerte proceso de democratización en toda la región. De esta manera, las luchas indígenas se vieron estimuladas y potenciadas por las transformaciones ocurridas en el escenario político y social, permitiendo una mayor manifestación de grupos de la sociedad civil, que se encontraban en estado latente durante el período autoritario. La creación de la CONAIE en 1986 como producto de este proceso dio un espacio más amplio de discusión y de lucha para los conflictos étnicos de los pueblos indígenas ecuatorianos.
Finalmente, los distintos eventos, debates y luchas que se generaron en 1992 en torno a lo que los indígenas denominaron los “500 años de resistencia” frente a la tradicional idea de “descubrimiento”, pusieron en evidencia la voluntad de los indígenas de contar su propia historia y de participar activamente en la construcción de una nueva sociedad que los incluya a ellos y a todos.

Levantamientos indígenas de los noventa: formas de acción, organización y demandas
Los levantamiento indígenas en la primera mitad de la década del noventa en Ecuador y México, y en la segunda mitad en Chile, ponen en evidencia la revitalización del movimiento indígena. En la madrugada del 1° de enero de 1994, un ejército indígena tomó San Cristóbal de las Casas y otras ciudades del estado de Chiapas al sur de México. Esa fue la primera aparición en la escena política del EZLN. Ese mismo año, también hubo un levantamiento indígena en Ecuador, pero en este caso no era el primero que tenía lugar. En junio de 1990, la CONAIE ya había organizado el levantamiento indígena Inti Raymi, con manifestaciones en la mayoría de las provincias del país, especialmente en la sierra. Finalmente, el 1° de diciembre de 1997, la quema de tres camiones de la Forestal Arauco en la IX Región de Chile marca el inicio del conflicto mapuche. Todos estos acontecimientos muestran la decisión de los distintos movimientos indígenas de exigir que se los tenga en cuenta como interlocutores válidos y que sean escuchados sus reclamos para la solución de los conflictos agrarios y el reconocimiento de los derechos indígenas.
¿Qué identifica y distingue a estos movimientos indígenas? La característica distintiva es la diferencia étnica o cultural en torno a la cual constituyen su identidad y articulan sus demandas. Esta identidad es el espacio fundamental de lucha y resistencia: la apropiación de su diferencia en un sentido positivo, les permite dejar atrás la lucha por la asimilación o la igualdad, y emprenden la lucha por su propio espacio. En este sentido, la construcción de la identidad implica, entonces, el reconocimiento de la diversidad. Estos nuevos actores sociales exigen ya no la igualdad sino las condiciones reales para que su diferencia no sea eliminada sino reconocida. El reto que lanzan al poder –siempre homogeneizador y generalizador– es aceptar su diferencia en el contexto del Estado-nación.
Otro elemento característico son las formas de organización y las distintas formas de acción. La constitución de estos movimientos está marcada por un profundo sentimiento de desconfianza hacia las representaciones tradicionales establecidas en los diferentes planos institucionales, tanto gubernamentales como de oposición. Un objetivo primario es justamente la necesidad de recuperar directamente sus propias representaciones: “hablar con voz propia”, o en los términos que lo expresa el EZLN, “recuperar la voz de los sin voz”, con el fin de terminar con la "ventriloquia política" (Ibarra, 1999), esto es, con los intermediarios tradicionales –generalmente blanco-mestizos y urbanos– de intervención en la esfera política (Coll Lebedeff, 1999:131; García Serrano, 2001:100).
A su vez, esta situación plantea el establecimiento de mecanismos de representación política. No se trata de eliminar la idea de representación, puesto que la complejidad y magnitud de las sociedades modernas hace imposible el desarrollo de una democracia directa, al menos en el ámbito nacional[4]. Pero sí se pretende cambiar el sentido como se entiende la representación, tal como lo expresa la consigna zapatista de “mandar obedeciendo”. Asimismo, los caudillismos e ideas de vanguardia tan comunes en otros movimientos y actores colectivos del pasado son rechazados mediante el establecimiento de direcciones colectivas, fomentando una participación amplia y poniendo especial énfasis en el vínculo permanente con las bases.
Por el fundamental papel que juegan los medios de comunicación en las sociedades modernas, los distintos tipos de acción –levantamientos, cortes de rutas, ocupaciones de tierras y/o espacios públicos, marchas, etc.– tienen como objetivo común la intención de convocar la mirada de la opinión pública. En este sentido, las formas de protesta no descuidan la dimensión simbólica y los efectos de las imágenes: marchas que terminan en el centro del poder como es la capital o la toma de espacios públicos con alto contenido político como el palacio municipal y las sedes de los poderes del Estado. De este modo, los movimientos indígenas lograron atraer la atención y el apoyo de distintos sectores tanto en el ámbito nacional como internacional, siendo algo menor en el caso de los mapuches, pero sumamente importante en el de los indígenas ecuatorianos y fundamentalmente en el levantamiento zapatista. De hecho, una de las demandas del EZLN –la refundación del sistema político que garantice la democracia, la justicia y la libertad– encontró rápidamente eco en la sociedad mexicana y fue, en gran medida, lo que impidió que el gobierno mexicano movilizara todo su aparato represivo para aplastar el movimiento. Teniendo en cuenta las repercusiones que alcanza el alzamiento zapatista en amplios sectores de la sociedad, en algunos partidos de oposición y en una vasta red de organizaciones internacionales solidarias, el gobierno mexicano prefirió la negociación.
También en los casos de Ecuador y Chile, las distintas acciones de fuerza estuvieron orientadas a generar un mayor apoyo a sus propuestas para llegar en una mejor posición a las instancias de negociación y diálogo que les siguieron.
En cuanto a las demandas, a diferencia de movimientos agrarios anteriores, los reclamos no se limitan al pedido de tierras. Dentro de sus reivindicaciones aparece la idea de territorialidad como el reconocimiento de territorios propios, el uso y explotación de los recursos naturales, la elección de sus propias autoridades de acuerdo con sus prácticas y formas organizativas, la administración de justicia conforme sus usos y costumbres, el uso de las lenguas indígenas en los lugares públicos y la práctica de otras manifestaciones culturales relacionadas con la medicina, el conocimiento, la educación y la salud (García Serrano, 2001:101).
A su vez, desde la perspectiva zapatista, la propiedad colectiva de las tierras no sólo es importante como fuente de sustento económico de las comunidades. También constituye la base material para su autonomía y su forma de democracia, en la cual todas las decisiones son tomadas por el conjunto de la comunidad, desde adultos a niños. También en el caso de los mapuches la tierra está relacionada con una determinada forma de organización de sus vidas y con la identidad misma de los pueblos. La palabra mapuche se compone de mapu: tierra y che: gente, es decir, gente de la tierra. La tierra aparece así como un elemento esencial para la constitución misma de los sujetos y su cultura.
El concepto de autonomía es otra de las características esenciales de estos movimientos indígenas. Este concepto implica la sustitución de la vieja idea de gestión de demandas frente al Estado, que históricamente llevó al establecimiento de vínculos clientelares y paternalistas, por la de autogestión, donde las comunidades indígenas se conciben a sí mismas como capacitadas para desarrollar una fuerza suficiente que les permita resolver sus propios problemas. Esta autonomía también aparece en relación a otras organizaciones sociales y políticas, especialmente partidos políticos, sindicatos y organizaciones campesinas. Esta posición busca lograr la independencia de acción, aunque no impide la articulación o alianza con otros actores y la negociación con el Estado, siempre y cuando no signifique la subordinación de proyectos y estrategias.
Gracias a su capacidad organizativa y a su amplia base social, durante muchos meses el EZLN logró conquistar un considerable espacio territorial que fue perdiendo desde el mes de febrero de 1995. Este notable retroceso, producido en gran medida por la militarización de la zona del conflicto, limitó la capacidad de los zapatistas para llevar adelante algunos proyectos. De todos modos, ante la imposibilidad de desarrollar otro tipo de acciones, las consultas y los encuentros nacionales e internacionales[5] resultan un poderoso mecanismo no sólo de democracia directa sino de movilización y propaganda. La participación de casi 2 millones de mexicanos en la consulta de 1995, por ejemplo, llevó a la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional no como un partido político excluyente, sino como una fuerza civil de resistencia y de movilización para la promoción de los derechos indígenas (Montemayor, 1998:170).
Desde el momento de su constitución, también la CONAIE busca llevar adelante un proyecto político de gran amplitud bajo la convocatoria de la construcción de un nuevo modelo de Estado y de sociedad plurinacionales. Este proyecto fue puesto a prueba en las elecciones presidenciales de 1996 al ser asumido por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), logrando 74 puestos en distintas instancias gubernamentales[6], así como que los dos candidatos para la segunda vuelta –Abdalá Bucaram y Jaime Nebot– se vieran forzados a recoger la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente promovida por la CONAIE.
Estas iniciativas muestran la capacidad de los movimientos para articular demandas y propuestas que no se reducen a los indígenas sino que tratan de abarcar otras cuestiones nacionales, como lo expresa claramente la consigna “nada sólo para los indios” levantada por el movimiento indígena ecuatoriano a partir de enero de 2001 (Barrera, 2001:87). De cualquier manera, aparece una diferencia importante para llevar adelante estas propuestas: mientras en el caso ecuatoriano las acciones del movimiento indígena se extienden al espacio partidario-electoral, en el caso mexicano, la lucha queda claramente excluida de tal espacio.
Derecho a la diferencia, territorio y autonomía se articulan en uno de los rasgos más distintivos de estos movimientos indígenas: el no haber incorporado en sus propuestas la tesis de la autonomía total o constitución de “repúblicas indias” al interior de los Estados nacionales, salvo en el caso de algunas organizaciones mapuches como la Coordinadora Arauko Malleko (Cfr. Lavanchy, 1999). La lucha se orienta a la construcción de Estados pluriétnicos, plurinacionales e interculturales, que termine con el mito de la nación única y homogénea sobre el que se sustentó el Estado-nación desde sus orígenes.

Cuestion(amiento) del Estado-nación: ¿qué Estado y qué nación?
La construcción del Estado-nación latinoamericano en la segunda mitad del siglo XIX implicó la negación de los pueblos indígenas. El espíritu liberal y positivista que condujo dicho proceso requería que los pueblos indígenas desaparecieran[7]: la homogeneidad fue considerada requisito indispensable para consolidar la nación, construir el Estado y contribuir al desarrollo de una economía capitalista. Así, los Estados nacionales latinoamericanos se fundaron contra su pasado (Halperín Donghi, 1987).
Sin embargo, a principios del siglo siguiente, México presenta una diferencia al respecto. Con el fin de la Revolución iniciada en 1910 y en busca de cohesión social y legitimidad, los gobiernos posrevolucionarios elaboraron un nuevo proyecto nacional que rescató al mestizo como representante de la herencia indígena e hispánica. Las culturas indígenas se constituyeron en un elemento esencial de la nacionalidad mexicana, pero sólo retóricamente, ya que no implicó ningún cambio para los indígenas reales de carne y hueso (Montemayor, 1998:107). Esta particular configuración de la identidad nacional, sus imágenes y sus símbolos, es algo que el EZLN supo utilizar muy bien. Sabedor que las guerras modernas son guerras de propaganda y que se ganan en las conciencias más que en los campos de batalla, el discurso zapatista trata de apelar a los fuertes lazos identitarios y al particular nacionalismo mexicano construidos a lo largo de la historia. “El hecho mismo de llamarse zapatistas y revolucionarios es de por sí un mensaje a todos los campesinos y a todos los mexicanos, pues en el subconsciente colectivo de México y en la educación sentimental, genuina y falsa de los mexicanos, todos nos sentimos ‘zapatistas’ y todos somos ‘revolucionarios’” (González Casanova, 1995).
Si bien hasta hace poco el resto de los países latinoamericanos se caracterizaban por ser monoculturales, monoétnicos, monolingües y dueños de una identidad nacional única, actualmente se caracterizan por el reconocimiento de su diversidad cultural, étnica y lingüística (García Serrano, 2001:94), al menos en el plano jurídico. Y aunque en todos los casos este reconocimiento fue producto de las luchas de los pueblos indígenas, los alcances no son siempre los que reclaman dichos pueblos ni tampoco son los mismos en los casos de la CONAIE, el EZLN y los mapuches.
Desde el principio, la CONAIE mantiene con el Estado una relación de diálogo y de oposición. El punto de partida de la lucha por los derechos indígenas en el Ecuador fue el levantamiento de la CONAIE en 1990. Frente a este levantamiento, el gobierno de Rodrigo Borja respondió con la conformación de comisiones para analizar la problemática indígena, y que dos años después tuvo como resultado la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, una vieja demanda de la CONAIE. Durante el gobierno de Sixto Durán Ballén en 1994, el movimiento indígena ecuatoriano realizó otro levantamiento para rechazar la Ley de Desarrollo Agrario que suprimía la reforma agraria y permitía la privatización de los recursos hídricos. Sin embargo, el mayor logro lo obtuvo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, su concretización en la elección de varios representantes indígenas, y la aprobación en alianza con otros partidos de izquierda de una nueva Constitución en 1998, que incorporó por primera vez el reconocimiento de la composición pluriétnica y multilingüe del Ecuador así como un acápite sobre los derechos colectivos de los indígenas. Si bien es un gran avance, la propuesta de reconocimiento de un Estado plurinacional planteada por la CONAIE no fue aprobada como norma constitucional.
Seis años antes, pero en México, se reformó también el artículo 4 constitucional reconociendo la existencia de los pueblos indígenas y la composición pluricultural de la nación, como respuesta a los conflictos y debates en torno al quinto centenario de la llegada de los españoles a América en 1992. Pero al mismo tiempo, se eliminó la reforma agraria del artículo 27 y se permitió la compra de tierras comunales por parte de terratenientes.
Con el alzamiento zapatista de 1994, los indígenas exigieron ser considerados mexicanos, pero sin dejar de ser indígenas. Esta exigencia fue llevada por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena a las negociaciones con el gobierno, que en 1996 quedó cristalizada en los Acuerdos de San Andrés y en la iniciativa de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), reconociendo una gran amplitud de derechos y autonomía a los pueblos indígenas. A partir de la Quinta Declaración de la Selva Lacandona y, sobre todo, de la asunción de Vicente Fox tras 71 años de hegemonía priísta, el EZLN encabezó la Marcha por la Dignidad Indígena a principios de 2001 que –con una gran movilización y con el poder simbólico que significaba realizar el mismo recorrido que Emiliano Zapata en 1914– buscaba el reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígenas. El resultado no sólo estuvo lejos de ser el deseado al no corresponder en nada con la propuesta de la COCOPA que contaba con el consenso de los zapatistas, algunos legisladores y organizaciones de la sociedad civil, sino que además en más de un punto significa un retroceso de lo que ya existía en materia legal[8].
También los mapuches aprovecharon la asunción de Patricio Aylwin en 1990, tras 17 años de la dictadura pinochetista, para reiniciar las luchas por el reconocimiento de sus derechos. A menos de un mes del nuevo gobierno, el Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen impulsó un proyecto autonómico para los pueblos indígenas chilenos. El gobierno respondió con la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas orientada a elaborar una ley indígena, que contó con el apoyo de la mayoría del movimiento mapuche. Finalmente en 1993, se aprobó la Ley Indígena 19.523, que si bien reconocía la existencia de los pueblos indígenas, no les otorgaba derecho alguno. De todos modos, se levantaron voces dentro del movimiento indígena para decir que había que darle tiempo a la nueva legislación y seguir la lucha en el plano legal para lograr una reglamentación favorable.
No obstante, el proyecto de la Central Hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío-Bío volvió a reactivar la lucha mapuche. La Comisión Nacional de Medio Ambiente junto a consultores externos y organizaciones ciudadanas objetaron el proyecto porque no respetaba normativas de la legislación ambiental. También la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y organizaciones mapuches rechazaron el proyecto Ralco porque dejaba un gran vacío sobre la “relocalización” de comunidades indígenas. La respuesta del gobierno fue la remoción inmediata del director de la CONADI. A principios de 1999, esta entidad aprobó la relocalización sólo con los votos de los representantes del gobierno y la exclusión de los consejeros indígenas.
En todos los casos, la acción del Estado aparece como respuesta a los movimientos indígenas: los logros obtenidos no son una dádiva generosa del Estado, sino producto de la presión ejercida por las luchas indígenas (Iturralde, 1993:3; Rodríguez y Martínez, 2000; García Serrano, 2001:98). Únicamente ante la movilización indígena y las fuertes presiones de amplios sectores de la sociedad a favor de una salida negociada del conflicto, el Estado se vio obligado a responder a sus demandas. De todos modos, las primeras respuestas siempre fueron la descalificación y la represión, demostrando la histórica discriminación y desconocimiento de la problemática étnica.
Además, como lo ponen en evidencia los conflictos zapatista y mapuche, el Estado se muestra incapaz para privilegiar las demandas de los indígenas y otros grupos sociales por sobre los intereses de los grandes grupos económicos, que a través de lobbies y diversas formas de presión logran inclinar la balanza a su favor. El recurso más utilizado por las empresas privadas es que las acciones emprendidas por los indígenas representan una clara trasgresión de la institucionalidad vigente, donde al Estado no le cabe más que hacer cumplir lo que consta en la Constitución y las leyes, incluso mediante la represión. De esta manera, no se trata tanto de la débil organización e institucionalización de los movimientos indígenas, sino del acceso privilegiado a las distintas instancias estatales que tienen ciertos intereses económicos privados nacionales e internacionales. A su vez, esta situación refuerza la necesidad de lograr una legislación favorable a los pueblos indígenas y su efectivo cumplimiento.
Sin lugar a dudas, la CONAIE es quien comparativamente obtuvo más logros. No obstante, la negociación con el Estado, la alianza con otros sectores de la sociedad y la participación electoral suponen riesgos para el movimiento indígena, como bien lo ilustra el caso ecuatoriano. Durante el gobierno de Abdalá Bucaram se creó el Ministerio Étnico, nombrándose como ministro al ex vicepresidente de la CONAIE, Rafael Pandam. Esta situación produjo un gran conflicto en el interior de las nacionalidades y pueblos que conforman la confederación, entre sectores que sostenían el Proyecto histórico de la CONAIE con una perspectiva de confrontación con el Estado y aquellos sectores orientados a la consecución de ciertos espacios en la institucionalidad estatal[9]. Otro hecho que generó una fuerte tensión en el movimiento ecuatoriano fue cuando en enero de 2000 terminaron derrocando al presidente Jamil Mahuad en una improvisada alianza con sectores militares. Este acontecimiento significó un cambio negativo en la trayectoria del movimiento: no sólo porque el programa del breve Gobierno de Salvación Nacional –integrado por el general Carlos Mendoza, un ex magistrado de la Corte Suprema, Carlos Solórzano y el entonces presidente de la CONAIE, Antonio Vargas– casi no presentaba reivindicaciones y demandas indígenas, sino que la alianza con los militares hizo que el movimiento adquiriera el formato de una “intentona golpista”, situación que goza de un amplio repudio en los distintos sectores democráticos de Ecuador y América Latina, lo que hace suponer que la acción de la cúpula militar tuvo el propósito de desprestigiar a la CONAIE (Burguete, 2000). Más recientemente, la decisión justamente de Vargas de presentarse como candidato presidencial en las elecciones de este año en representación de los indígenas, pero con un nuevo partido diferente a MUPP-NP, también atenta fuertemente contra la unidad del movimiento indígena ecuatoriano.

Conclusiones de una lucha inconclusa
En los inicios del tercer milenio, el positivismo decimonónico y su reactualización en la teoría de la modernización de mediados del siglo XX recibieron un fuerte revés. Contrariamente a sus supuestos, las transformaciones sociales de los últimos tiempos, lejos de hacerlos desaparecer, devolvieron a la escena política latinoamericana movimientos indígenas revitalizados.
Los levantamientos indígenas de la CONAIE, el EZLN y el movimiento mapuche durante la década del noventa, se dan a partir de cambios profundos en las zonas rurales y de la crisis de la MEC. De cualquier manera, sus surgimientos y desarrollos no pueden ser entendidos como una simple reacción contra dicha matriz y los actores colectivos vinculados a ella ni tampoco como una vuelta a un pasado de esplendor indígena, sino como una combinación de elementos nuevos y viejos que resultan en nuevas propuestas y nuevas formas de hacer y pensar la política que los mismos movimientos dan cuenta.
La CONAIE aglutina en su seno a las organizaciones indígenas regionales más importantes de los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador. También dentro del EZLN conviven distintas etnias indígenas como tzotziles, tzeltales, choles, zoques y tojolabales. El movimiento mapuche, si bien se trata de una misma etnia, agrupa a distintas organizaciones regionales e incluso con orientaciones políticas diferentes. De esta manera, los movimientos indígenas dan prueba en su propia organización que la unidad en la diversidad, que proponen para la sociedad, es posible. Pese a la diferencias internas que a veces los debilitan –especialmente al movimiento mapuche– muestran una gran capacidad de movilización y articulación de demandas.
Los movimientos indígenas analizados no parecen tener las limitaciones que menciona Iturralde[10]. Las distintas acciones y medidas de fuerza llevadas adelante por estos movimientos buscan captar la atención de la sociedad y, de esa manera, llegar en una mejor posición al diálogo. En todos los casos, las mesas de diálogo entre los movimientos indígenas y el gobierno fueron verdaderas instancias de negociación, donde se discutieron propuestas y se buscaron fórmulas de compromiso que no siempre se lograron, más por la rigidez de la postura gubernamental que por una desmesura reivindicativa de los indígenas, poniendo al descubierto los límites del discurso oficial sobre el reconocimiento de la diversidad.
A su vez, lo que en sus orígenes emergió como un conflicto sobre todo étnico, se fue desarrollando hacia una interpelación global al modelo político-económico imperante –en el caso del EZLN esta característica estuvo presente desde su primera aparición, que no casualmente coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A partir de su fortaleza organizativa y de la legitimidad ganada en los levantamientos de los noventa, los movimientos indígenas empezaron a intervenir más en las cuestiones nacionales. Así, la discusión sobre derechos ciudadanos en general, reforma del Estado, movilizaciones y protestas contra medidas económicas y privatizaciones se articulan con las demandas étnico-culturales más específicas de los pueblos indígenas.
Asimismo, estas acciones implicaron la construcción de alianzas con otros actores colectivos. En los distintos casos, es importante el vínculo con organizaciones ciudadanas y ONG’s nacionales e internacionales en su lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas. Esta alianza con otros sectores de la sociedad se da a partir de la idea de autonomía y generalmente adopta la forma de red apoyada en el uso de medios de comunicación como internet, combinando así tradiciones viejas y medios modernos. Igualmente significativo es el apoyo de sectores de la iglesia, no sólo durante el período de la constitución de los movimientos sino después, como cuando el obispo Ruiz actuó como mediador en las negociaciones de paz entre el EZLN y el gobierno mexicano o en la organización de los campamentos en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito en las reiteradas movilizaciones de la CONAIE a dicha ciudad capital. En el caso de esta última, también tiene relación con el MUPP-NP, pero manteniendo su autonomía al punto que no apoya explícitamente ningún candidato presidencial, y es el partido el que recoge el proyecto político de la confederación indígena y no a la inversa.
De cualquier manera, esto no significa desconocer las dificultades que tienen los movimientos indígenas. Las demandas de derecho a la diferencia, diversidad, territorialidad y autonomía de los pueblos indígenas minan las bases mismas del Estado-nación tal como se lo concibe actualmente. De este modo, el Estado se muestra incapaz de incorporar a los movimientos indígenas y sus demandas, a pesar de la legitimidad y el apoyo que encuentran en la sociedad civil y en la escena internacional.
En comparación con los otros dos movimientos, quizás el movimiento mapuche es el que presenta mayores obstáculos, tanto en el plano organizativo interno como en los logros obtenidos. Las diferencias en las estrategias de acción y las propuestas de autonomía que existen entre las organizaciones mapuches no sólo dificultan la consolidación del movimiento, sino que debilita sus capacidades para ir más allá de una ley que sólo reconoce su existencia, pero no sus derechos. Pero además –y reforzando las diferencias con la CONAIE y el EZLN– la existencia de fórmulas autonómicas radicales dentro del movimiento mapuche, llevó a la adopción de una interpretación menos favorable del Convenio 169 de la OIT sobre derechos y libre determinación de los pueblos indígenas por parte del gobierno chileno. Mientras México fue el segundo país en ratificarlo en 1990 y Ecuador en 1998, en Chile, no sólo se demoró su aprobación hasta 2001 sino que fue rectificado como prevención ante el temor a ciertas tendencias separatistas de algunos grupos mapuches. De todos modos, esa solución no tuvo en cuenta que muchas veces el otorgamiento –más que la negación– de autonomía, al permitir a los distintos sujetos colectivos el ejercicio de anhelados derechos y libertades, tiende a desalentar las aspiraciones separatistas de ciertos grupos dentro de una sociedad (Díaz Polanco, 2001:15).
Más allá de estas dificultades y otras antes mencionadas, las perspectivas abiertas por los movimientos indígenas son amplias y llenas de desafíos. A través de sus luchas, lograron presentar sus reivindicaciones en ámbitos antes desconocidos y plantearon la necesidad fundamental de revisar los conceptos mismos de Estado y nación como parte de un proceso más amplio en la generación de condiciones para una democratización efectiva.
La construcción de sociedades más democráticas no puede dejar de lado –como históricamente se hizo– a los pueblos indígenas, ni despreciar la legitimidad de sus reivindicaciones, sus valores y sus estructuras organizativas. En este sentido, se trata de construir sociedades y Estados pluriétnicos y pluriculturales a partir del diálogo interétnico e intercultural. Los pueblos indígenas lograron por distintos métodos hacerse de un lugar desde donde decir su palabra. Sin embargo, hasta ahora, no se pudo alcanzar un verdadero diálogo que signifique un intercambio real y simétrico. El riesgo que se corre de no conseguirse dicho diálogo es grande: los pueblos indígenas forman parte de la extraordinaria diversidad étnica y cultural de América Latina, fuente de riquezas materiales y simbólicas, de formas de conocer y de relación con la naturaleza, cuya pérdida representaría un empobrecimiento colectivo y una reducción de las herramientas culturales con las cuales hacer frente a las exigencias del futuro (Lander, 1997). La construcción de sociedades más democráticas y pluralistas no puede lograrse sin la participación de los indígenas y demás sectores de la sociedad. Con todo, no se trata de tener una visión idílica: dicha participación es esencialmente conflictiva en cuanto supone el reconocimiento y respeto de cosmovisiones diferentes, y la superación de prejuicios y concepciones de tipo racista fuertemente arraigados.
Es probable que mientras se siga manteniendo el mito totalitario del Estado con idioma y cultura únicos contrario al multilingüismo y a la realidad pluricultural de los pueblos de América Latina, seguirán surgiendo movimiento indígenas –y no indígenas– que no dejarán de cuestionar el orden establecido y reclamar el respeto de sus derechos. “Pueden matar a Chus, a nuestros jefes. Pero no pueden matar la miseria que seguirá produciendo gente como nosotros”. El indígena tzotzil habla pausadamente desde una oscura choza en medio de la Selva Lacandona. Evoca la necesidad de alcanzar el respeto y la dignidad. Aunque es consciente que el proceso puede llevar años, incluso décadas, es decididamente optimista.

Bibliografía consultada:
- Barrera, Augusto (2001), “Nada sólo para los indios. A propósito del último levantamiento indígena”, en Revista del Observatorio Social de América Latina N° 4, Buenos Aires, junio
- Botero Villegas, Luis (1998), “Estado, cuestión agraria y movilización india en Ecuador: Los desafíos de la democracia”, en Nueva Sociedad N° 153, Caracas, enero-febrero
- Burguete, Araceli (2000), “Ecuador 2000: La primera rebelión indígena del tercer milenio”, en Memoria N° 133, México, marzo
- Cavarozzi, Marcelo (1996), “Más allá de las transiciones a la democracia”, en Capitalismo político tardío y su crisis en América Latina, Homo Sapiens Ediciones, Rosario
- Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen (2001), “Conflicto, diálogo y proceso autonómico en Chile”, en Memoria N° 149, México, julio
- Coll Lebedeff, Tatiana (1999), “México, un espacio singular en la emergencia de los nuevos sujetos de la acción social”, en América Latina N° 16, Buenos Aires
- De la Cuadra, Fernando (2001), “Conflicto mapuche: génesis, actores y perspectivas”, en Revista del Observatorio Social de América Latina N° 5, CLACSO, Buenos Aires, septiembre
- Díaz Polanco, Héctor (2001), “La autonomía indígena y la reforma constitucional en México”, en Revista del Observatorio Social de América Latina N° 4, CLACSO, Buenos Aires, junio
- García Serrano, Fernando (2001), “Política, Estado y diversidad cultural. La cuestión indígena en la región andina”, en Nueva Sociedad N° 173, Caracas, mayo-junio
- Halperin Donghi, Tulio (1987), El espejo de la historia: problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas, Sudamericana, Buenos Aires
- Halperin Donghi, Tulio (1998), Historia Contemporánea de América Latina, Alianza Editorial, Madrid
- Ibarra, Hernán (1999), "Intelectuales indígenas, neoindigenismo e indianismo en el Ecuador", en Ecuador Debate N° 48, Quito, diciembre
- Iturralde, Diego (1995), La gestión de la multiculturalidad y la multietnicidad en América Latina, Trabajo presentado a la Primera Reunión Regional de América Latina y el Caribe del Programa de Gestión de las Transformaciones Sociales, MOST-Ministerio de Cultura y Educación, La Paz, marzo
- Lander, Edgardo (1997), Democracia, participación y ciudadanía, Trabajo presentado en la XVIII Asamblea General de CLACSO, Buenos Aires, noviembre
- Lavanchy, Javier (1999), “Conflicto y propuestas de autonomía mapuche”, en Proyecto de Documentación Ñuke Mapu, Santiago de Chile, junio
- Mariman, José (1997), “Movimiento mapuche y propuestas de autonomía en la década post dictadura”, en Proyecto de Documentación Ñuke Mapu, Denver, abril
- Montemayor, Carlos (1998), Chiapas. La rebelión indígena de México, Joaquín Mortiz, México
- Rodríguez, Orlando y Martínez, María José (2000), “Neoindigenismo en Ecuador”, en Memoria N° 133, México, marzo
- Vergara, Pilar (1982), “Las transformaciones del Estado chileno bajo el régimen militar”, en Revista Mexicana de Sociología N° 2, México, abril/junio

En internet:
- ¡Ya basta! Página oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: http://www.elzn.org
- Proyecto de Documentación Ñuke Mapu: http://www.soc.uu.se/mapuche
- Revista Memoria: http://www.memoria.com.mx
- Revista del Observatorio Social de América Latina: http://osal.clacso.org

Notas:
[*] Juan Diez, "Construyendo una nueva sociedad. Los aportes de la CONAIE, el EZLN y el movimiento mapuche", trabajo realizado originalmente para el seminario “Procesos Políticos Contemporáneos en América Latina”, Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, mayo de 2002.
[1] Tomando prestadas categorías de la sociología decimonónica y poniendo un fuerte énfasis en los valores culturales, la teoría de la modernización supone que las sociedades evolucionan desde estructuras tradicionales a estructuras modernas. Desde esta perspectiva, las sociedades consideradas ya modernas –EE.UU. y Europa occidental– son el punto de llegada que tarde o temprano deberían alcanzar las sociedades tradicionales. Para el caso latinoamericano, varios teóricos de la modernización identificaron los valores del catolicismo, el predominio de trabajo no asalariado en las áreas rurales o la gran cantidad de población indígena, entre otros, como importantes obstáculos para el desarrollo económico y la modernización.
[2] En el capítulo I, inciso b, se establece: “Las hijuelas resultantes de la división de las reservas, dejarán de considerarse indígenas, e indígenas a sus dueños y adjudicatarios” (citado en Lavanchy, 1999).
[3] Si bien Cavarozzi utiliza este concepto para los casos de México y Chile, también en Ecuador –aunque con un proceso de industrialización más tardío y limitado, y una organización política con rasgos más patrimonialistas– la crisis de la deuda significó el fin de una matriz estatal (Barrera, 2001:91).
[4] Otra situación muy diferente es en el contexto más reducido de las comunidades, donde no sólo es posible y deseable la democracia directa, sino que, como muestran los movimientos indígenas, las decisiones fundamentales pueden ser tomadas de manera consensuada por todos los miembros.
[5] En este sentido pueden mencionarse la Convención Nacional Democrática en agosto de 1994, varios foros especiales para los pueblos indígenas y para la reforma del Estado, reuniones internacionales como el Foro Continental Americano en abril de 1996 y el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en julio de ese mismo año, y la última Marcha de la Dignidad Indígena a principios de 2001 para el reconocimiento de los derechos indígenas.
[6] Un diputado nacional, 7 diputados provinciales, 10 alcaldes, 42 concejales y 14 consejeros provinciales (Botero Villegas, 1998:69)
[7] La imposición de las ideas positivistas se llevó adelante por varios medios que incluyeron el etnocidio, la relocalización de poblaciones indígenas, la alineación lingüística y cultural, y demás formas de asimilación.
[8] Por ejemplo, al reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana de 1992, se lo antecedió en el artículo 2 con la frase “La Nación mexicana es única e indivisible”. Pero, peor aún, a la demanda por parte de las comunidades indígenas de que se las reconozca como “sujetos de derecho”, la reforma constitucional reconoce a las comunidades como “entidades de interés público”.
[9] No casualmente estas dos posiciones coinciden, en buena medida, con las organizaciones indígenas de la sierra y con las del oriente ecuatoriano respectivamente. Se reproduce, así, una división que atraviesa toda la historia y la política del Ecuador.
[10] Según este autor: “[...] a pesar de su fortaleza organizativa los movimientos indígenas muestran limitaciones en el plano político: deficiencias para operar en los escenarios democráticos, pocas propuestas para el debate de las cuestiones nacionales y debilidad para establecer alianzas” (Iturralde, 1993:5).

sábado, 13 de septiembre de 2008

Entrevista al Dr. Rodolfo Stavenhagen

Entrevista realizada por CNN al Relator Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas a un año de la declaración de los Derechos de los Pueblos indígenas de las Naciones Unidas.http://www.colmex.mx/videot/stavenhagen.htm

Indígenas reclaman sus tierras robadas y estalla la ira terrateniente

La prioridad del movimiento cívico prefectural cruceño no es erradicar el latifundio mal habido o la esclavitud indígena, sino restringir las TCOs en su republiqueta autónoma.

(UPIC-Tierra).- Como en casi todas las confrontaciones políticas contemporáneas, la disputa por la tierra es el catalizador de la violenta revuelta separatista que estalló en Santa Cruz.
Los pueblos indígenas y campesinos reclaman la devolución de territorios despojados a sus ancestros, y la burguesía terrateniente cruceña defiende sus latifundios mal habidos activando un golpe cívico prefectural en Santa Cruz, el departamento más extenso y desarrollado de Bolivia.
Luego de tres siglos de sistemático despojo del territorio indígena durante la colonia y la República, la reforma agraria de 1953 entregó a un sector minoritario las tierras más ricas que quedaban en la región amazónica y chaqueña, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas, y sin el mínimo sentido de proporción y equidad, coinciden la Iglesia Católica y decenas de investigaciones e informes de organismos internacionales independientes.
Desde 1953 hasta 2002 el Estado distribuyó aproximadamente 35,9 millones de hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz entre 144.162 beneficiarios, estima el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Más de 54 mil pequeños propietarios que representan el 38 por ciento de los beneficiarios obtuvieron 2,2 millones de hectáreas, es decir el 6,3% de la tierra distribuida. Un poco más de 22 mil medianos empresarios (15,3 por ciento de los beneficiarios) recibieron más de 7,3 millones de hectáreas (20,5% de la superficie). Alrededor de 31 mil personas (22% de los beneficiarios) consolidaron derechos colectivos sobre 6,2 millones de hectáreas de tierras comunitarias de origen-TCO (17,4% de la superficie).
En la inequitativa repartija, 11.140 grandes empresarios agropecuarios, que representan el 7,7 por ciento de los beneficiarios, se apropiaron de casi 19 millones de hectáreas, es decir el 52,6% de la tierra cruceña distribuida en 50 años.
En este último grupo de privilegiados, sólo 860 dueños de predios de más de 5 mil hectáreas de extensión concentran la propiedad de 8,7 millones de hectáreas. Representan menos del 8 por ciento de los empresarios beneficiados, pero atesoran el 46 por ciento de la tierra clasificada como empresa agropecuaria.
Se estima que sólo 246 empresarios poseen haciendas de entre 10 mil y 20 mil hectáreas. Apenas 20 terratenientes tienen cada uno entre 20 mil y 50 mil hectáreas. Los cuatro más ricos entre los ricos son dueños de latifundios de más de 50 mil hectáreas.
Estos cuatro potentados ostentan en conjunto 802.878 hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz, más de lo que recibieron en medio siglo 2.145 pequeños propietarios que tienen entre 20 y 50 hectáreas.
Latifundio y servidumbre
La "escandalosa" concentración de la tierra provocó conflictos que dañan las bases de la convivencia civil y es caldo de cultivo de regímenes de opresión y explotación laboral semi feudales que se creía superados por la "modernidad". La servidumbre indígena, una lacra con profundas raíces históricas, aún no ha sido erradicada al comenzar el Siglo XXI.
Centenares de familias guaraníes son sometidas a jornadas de trabajo forzoso de hasta 15 horas diarias en algunas haciendas en las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Esta gente no goza de derechos laborales elementales y trabaja en una condición de servidumbre por deudas análoga a la esclavitud, confirman decenas de informes y estudios realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Defensor del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e inclusive por el departamento de Estado de Estados Unidos.
En junio de 2008, una misión especial de la CIDH corroboró en el terreno que se han agravado las relaciones de dominación violatorias de los derechos humanos en zonas del chaco; y verificó la extrema vulnerabilidad de los derechos laborales y sociales de la población guaraní sin tierra.Los patrones definen las condiciones y duración de la jornada de trabajo de sus pongos, las modalidades de pago, el registro de deudas, la forma de administración de los anticipos y la frecuencia de los "arreglos".
Los cautivos analfabetos, que desconocen sus derechos y no tienen forma de controlar las cuentas, pierden su libertad y son obligados a trabajar de por vida e inclusive a heredar deudas a sus hijos.
Los propietarios aseguran que la servidumbre ha sido superada y justifican "situaciones circunstanciales" de algunas familias necesitadas que viven en la absoluta miseria, durmiendo en chozas de un solo ambiente en los márgenes de las haciendas.
Este tipo de explotación servidumbral está presente en otras zonas rurales del departamento de Santa Cruz como la chiquitanía.
Los indígenas chiquitanos comenzaron a ser sometidos a trabajos forzosos en los últimos dos decenios del siglo XIX en el auge de la explotación gomera, y en los años 30 del Siglo XX durante la construcción del ferrocarril a Puerto Suárez. Algunos huyeron del "empatronamiento" y fundaron en el monte comunidades como Lomerío y Monte Verde, pero no todos se salvaron del cautiverio y de la "esclavitud por deudas".
En 1937 el presidente Germán Bush prohibió el "empatronamiento" y la reforma agraria de 1953 liberó a algunas poblaciones explotadas, pero se mantuvieron las estructuras agrarias pre modernas, luego consolidadas por el gobierno neoliberal y terrateniente de Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997).
Al comenzar el siglo XXI aún pueden verse en el área rural de Santa Cruz sistemas semi feudales y actores que pugnan por mantener estructuras "no muy modernas", con la mirada puesta en los recursos naturales como el hierro o las mismas tierras, observa el antropólogo Bernd Fischermann, que estudia desde hace décadas los sistemas de acceso y tenencia de la tierra en la región chiquitana. (Chiquitanos y la propiedad comunal de la tierra, PIEB, http://www.pieb.com.bo/nota.php?idn=3068).
Tierra para los cautivos
La CIDH y otros organismos internacionales "enrostraron" al gobierno boliviano la existencia de regímenes injustos y vergonzosos en pleno siglo XXI, e instaron a todos los poderes del Estado a garantizar los derechos fundamentales de comunidades nativas que continúan sufriendo una extrema discriminación.
La CIDH exigió una reforma agraria inmediata, pues la única manera de erradicar la servidumbre es dar tierra a los indígenas cautivos.
Según la CIDH, desconocer el derecho ancestral de comunidades indígenas sobre sus territorios podría afectar otros derechos básicos como el derecho a la identidad cultural y a la supervivencia. Por ello, puede ser necesario restringir el derecho a la propiedad privada particular para preservar identidades culturales colectivas. (OEA- CIDH: "Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia")
El viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Juan Carlos Rojas han intentado tramitar una tierra comunitaria de origen (TCO) a favor de los guaraníes cautivos de Alto Parapetí, pero los patrones de la provincia Cordillera y sus grupos de choque armados les han impedido hacer su trabajo en tres oportunidades.
El gobierno declaró pausa en el saneamiento en la provincia Cordillera el 13 de abril, luego de una violenta emboscada encabezada por terratenientes y ganaderos que obtuvieron enormes haciendas de manera irregular en las dictaduras y en los regímenes neoliberales del pasado.
El 8 de marzo de 2008, la Cámara Agropecuaria de Oriente, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz, junto con autoridades municipales y hacendados de la provincia Cordillera conformaron "comités de defensa" de las haciendas del chaco. El 14 de mayo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) y otros gremios patronales crearon un Comité Interinstitucional para evitar la "confiscación de la propiedad privada productiva" y el reparto "político" de tierras, es decir la titulación de la TCO guaraní en Alto Parapetí.
Ahora las elites cruceñas imponen a palos un estatuto autonómico que otorga exclusivas competencias legislativas y ejecutivas sobre la tierra a un gobierno cruceño tan autónomo como una republiqueta independiente, y cuyo principal mandato es proteger la gran propiedad privada de la tierra de los terratenientes que encabezan el movimiento cívico prefectural de Santa Cruz.
El líder cívico Branco Marinkovic, enjuiciado por apropiación ilícita de más de 27 mil hectáreas de tierras fiscales e indígenas, impone un régimen autonómico fascista que niega a comunidades indígenas despojadas su derecho a la tierra; que viola varios tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano y que mantiene las relaciones laborales esclavistas en haciendas mal habidas.
No es una prioridad para la "república autonómica" cruceña corregir la desmedida concentración de tierras en pocas manos sino suspender la titulación de nuevos territorios indígenas.
El prefecto Rubén Costas y el cívico Branco Marinkovic dicen que la tierra de Santa Cruz pertenece exclusivamente a los cruceños, pero les niegan una TCO a los guaraníes del chaco, los primeros cruceños.
Los autonomistas desatan una violenta revuelta regional a riesgo de fracturar el país sólo por proteger las haciendas de unos cuantos patrones descendientes de europeos, croatas y turcos.

Publicado por Prensa Indígena Chaskinayrampi

Dirigentes indígenas se declaran en la clandestinidad

Santa Cruz, 11 Sep (Erbol).-
Los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob) se declararon este jueves en la clandestinidad, a causa de la persecución de la que son objeto por grupos vandálicos alentados por el prefecto Rubén Costas.
Un grupo unionistas allanaron al medio día de este jueves las oficinas de la Cidob ubicadas en la villa 1ro de Mayo, estas instalaciones fueron saqueadas, y las viviendas de los dirigentes asaltadas y destruidas.
“Han roto ventanas y puertas y se han robado todo lo que han podido, también destruyeron las viviendas de los dirigentes que solo cumplen el mandato los dirigentes y dirigentas han quedado solo con la ropa del cuerpo”, indicó una fuente vinculada a los pueblos indígenas.
El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, en declaraciones a la Red Erbol acusó a los indígenas guarayos José Urañavi, Ignacio Urapuca, de ser los principales cabecillas de la intervención a la “Casa Grande” de los pueblos indígenas.
“Nosotros queremos denunciar ante el mundo que el prefecto Rubén Costas quiere masacrar a los indígenas que hasta el momento no hemos contestado a ninguna de sus provocaciones”, concluyó Chávez.
Publicado por Prensa Indígena Chaskinayrampi

miércoles, 3 de septiembre de 2008

Indígenas e historiadores

Miercoles de 03 de septiempre de 2008
fuente :la nacion
Los comentarios de Villalobos son dolorosos por su insensibilidad. Reflejan la existencia de un tipo de sociedad que quisiéramos ver erradicada: la de la intolerancia.
El historiador Sergio Villalobos declaró que en Chile "indígenas puros propiamente no existen". Dice que existen "agrupaciones mestizas que se formaron sobre las antiguas etnias" y que los actuales descendientes, aparte de colaborar en su dominación, son responsables de haber entregado las tierras ancestrales, que cambiaban por alcohol y que hoy rige respecto de ellas el concepto de propiedad privada.
Con reiterada frecuencia, la prensa conservadora atiza la estrategia de contraponer los derechos indígenas ancestrales con una teoría discriminatoria y racista, de la cual Villalobos o Gonzalo Vial o editorialistas de estos medios dominantes son exponentes. Una sociedad democrática, que camina hacia la idea de una sociedad tolerante, inclusiva y no discriminatoria, no puede sino observar con preocupación que estos conceptos vertidos por el historiador no sólo son injustos, amén de equivocados, sino que despiertan una natural indignación.
La sociedad chilena tiene un fuerte componente mestizo que supera a la población indígena. Pero los indígenas puros no han desaparecido, por mucho que hubo intentos genocidas, en especial bajo gobiernos conservadores y dictaduras militares, y están en muchas comunidades originarias del campo e incluso de las ciudades. La prueba radica en la conformación familiar, la herencia cultural y genética de las familias indígenas, tema que no requiere mayor argumentación. Lo preocupante de estas declaraciones es que esa forma de referirse a nuestros pueblos indígenas revive un permanente interés dominante y conservador de evadir un tema de fondo: Chile es un país racista, intolerante, discriminativo y excluyente para nuestros indígenas. Ha costado muchas décadas abrir caminos al reconocimiento de una deuda histórica, lo que se logró en parte en abril de 2004 con el Informe Presidencial de Verdad y Nuevo Trato.
¿Ignora Villalobos que la pacificación de la Araucanía implicó que el Estado invadió las tierras indígenas y contra la voluntad de nuestros pueblos las declaró "tierras fiscales" porque asumió que no tenían dueños o eran terrenos baldíos? ¿Ignora que muchas de las actuales haciendas o grandes territorios usurpados de este modo a los indígenas chilenos implicó su exilio interno, su desarraigo cultural, la pobreza y la marginalidad que durante décadas han dominado la relación entre indígenas y chilenos? Denuncia que existen agitadores, amparados por antropólogos y entidades que abren camino a la delincuencia y a un supuesto terrorismo, pero nada dice sobre los hechos de inseguridad que afectan a los indígenas, por la acción de terceros que invaden sus tierras, acosan a sus dirigentes, atemorizan a las comunidades e incitan a la violencia. ¿Tiene resuelto Villalobos el origen de los actos delictuales ocurridos en Vilcún y alrededores? A lo menos, debiéramos pensar en la responsabilidad de grupos interesados en evitar que los derechos indígenas se instalen con justicia y conforme al derecho. Se hace indispensable desnudar a quienes forman estos grupos y a quienes los amparan.
En Chile los gobiernos de la Concertación han realizado importantes esfuerzos para reconocer los derechos de nuestros pueblos indígenas. Lo ha hecho también Naciones Unidas con la declaración universal aprobada en septiembre pasado. Lo ha planteado la Iglesia y cabe recordar que todos los candidatos presidenciales desde 1999 a la fecha -sin excepción- han comprometido su voluntad para abrir caminos a este reconocimiento. Los indígenas constituimos una diversidad de pueblos que existíamos desde antes de la instalación del Estado independiente. Los derechos fueron subyugados y el patrimonio confiscado de muchas maneras. A los indígenas la sociedad los escondió, los redujo y los invisibilizó. Sobrevivieron solamente por la fuerza de su cosmovisión y la transmisión oral de nuestro lonkos, lamgen y caciques. En algunos momentos recuperaron parte de sus derechos. En otros, como en la dictadura, mediante un decreto ignominioso, se les quiso borrar del léxico político y jurídico. La dictadura dijo en 1978 que en Chile no existían indígenas.
Los comentarios de Villalobos son dolorosos por su insensibilidad. Sus palabras reflejan la existencia de un tipo de sociedad que quisiéramos ver erradicada: la de la intolerancia. Nos conforta, sin embargo, el que la voluntad presidencial es sólida en cuanto a cautelar que antes de 2010 Chile habrá cumplido parte fundamental de sus compromisos con los valores y derechos de nuestros indígenas.
grrf

viernes, 29 de agosto de 2008

SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO INDÍGENA AMAZÓNICO EN PERÚ

Rodrigo Montoya Rojas,Lima 18 de agosto 2008.

Mientras escribo este artículo, los pueblos indígenas de la Amazonía se rebelan contra el Estado peruano y aparecen como un actor político por primera vez en su historia. Se cansaron de pedir y ahora exigen con firmeza. Para ser oídos convocaron al gobierno a una “mesa de diálogo” en San Lorenzo, muy lejos de Lima, a orillas del río Marañón, un poco antes de que este cambie de nombre para llamarse Amazonas. Los pueblos indígenas Awajun, Wampis, Matsiguenka y Shipibo cercaron a la petrolera argentina Perú Petro, una hidroeléctrica y, además, bloquearon algunas carreteras en las provincias de Bagua y Utcubamba en Amazonas, Datem, en Loreto, Echarate en Cusco y en Iparía, Ucayali. Como el gobierno no escucha a nadie que no bloquee carreteras y puentes, la lección ha sido aprendida por los pueblos amazónicos luego de la rebelión última de Moquegua.
Los insurgentes exigen que el gobierno derogue los decretos legislativos, sobre todo los 1015 y 1073, impuestos sin diálogo ni concertación alguna con los propios indígenas como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, firmado por el Estado peruano. Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado por le ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de Estado Unidos junto con Uribe de Colombia y Bachelet de Chile, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer. Preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, el Sr. García exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles “perros del hortelano, que no comen ni dejan comer”, usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan si no pueden. El derecho de propiedad indígena no es como el derecho de propiedad del resto de ciudadanos de primera categoría. ¿Quiénes pueden cuestionar la propiedad de las multinacionales en Perú? Sólo “los comunistas y enemigos de la patria”, dicen los apristas. ¿Quiénes pueden cuestionar el derecho de propiedad de los pueblos indígenas? El presidente García y su partido aprista, en nombre de la democracia y de la inversión capitalista.
Una información adicional es pertinente en este punto. De acuerdo a las leyes que de peruanas tienen sólo el nombre, quienes poseen la tierra en Perú sólo son dueños de la materia física llamada tierra, tierra pelada para decirlo sin rodeo alguno, no de sus aires –bosques- ni del subsuelo –gas, petróleo, minas- ni de las aguas de sus ríos en cuyas arenas se encuentra el oro. Con su sabiduría milenaria los pueblos indígenas se ríen de esta estupidez peruano occidental porque para ellos y ellas la tierra, el subsuelo y los aires son una sola unidad como una es la vida de los seres humanos, animales y plantas gracias a la madre tierra, a los ríos y mares. Separar a los seres humanos de sus bosques y de sus ríos es un acto de ignorancia punible. Como estamos en Perú y no en un reino de mínima sensatez, el mapa de concesiones de tierras en la Amazonía en beneficio de empresas multinacionales parece un tablero de ajedrez. En Texas, Estados Unidos, los propietarios del suelo debajo del cual se encuentra petróleo se vuelven millonarios petroleros. En Perú se vuelven pobres como ha ocurrido con todos los dueños del suelo donde hay minas, petróleo y gas.
Desde 1974, los pueblos indígenas han empezado a recuperar parte del territorio que organizaron en miles de años y que los españoles y sus herederos les expropiaron. La superficie recuperada está ahora en grave peligro de pasar a otras manos para felicidad del capitalismo y sus defensores. Compartir el bosque con los hermanos monos, tortugas o pájaros, sólo es entendible si se tienen las luces de una espiritualidad indígena en la que la llamada superioridad del hombre y la razón sobre la naturaleza son, felizmente, inexistentes e inimaginables.
Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren
y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser “mecidos”; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán n reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías “tiren y piensen después”. De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas.
Sería un grave error suponer que el conflicto amazónico concierne exclusivamente a los pueblos indígenas de la región y que por su pequeñez demográfica se trataría de algo menor o de poca importancia. Una de las muchas consecuencias posibles del surgimiento de un nuevo actor político en Perú es el desafío para los partidos políticos, intelectuales y profesionales del país para cambiar sus viejos hábitos coloniales. ¿Cuántos antropólogos y antropólogas nos interesamos y acompañamos a los pueblos indígenas en sus luchas? Sólo pocos, muy pocas. ¿Cuántos politicólogos y politicólogas o pomposamente llamados cientistas políticos incluyen a los pueblos indígenas en sus análisis sobre Perú? Casi ninguno o ninguna. ¿Hasta cuándo la clase política y la inmensa mayoría de periodistas y los llamados comunicólogos seguirán creyendo que Lima es el Perú y que la democracia se reduce a elegir representantes cada tres o cinco años en las alcaldías, congreso y presidencia de la República? La acción de las organizaciones indígenas no es una sorpresa de hoy. Como todos los procesos sociales, viene de lejos, la Asociación indígena para el Desarrollo de la Amazonía Peruana, AIDESEP se formó hace 28 años. Frente a la casi desaparición de la izquierda corresponde a las organizaciones indígenas andinas t amazónicas el mérito de defender causas nacionales y mundiales como la defensa de los Recursos, del petróleo, el gas, el agua, y el territorio como bienes nacionales, colectivos y públicos; de defender las culturas, lenguas, identidades, biodiversidad, saberes y una nueva espiritualidad libre de los graves complejos y traumas de las religiones cristianas y católicas; y, finalmente, de defender formas de autogobierno y libre determinación para enriquecer la pobre noción de democracia en uso en el país.
Por lo expuesto, la solidaridad y apoyo a los pueblos indígenas se impone como un deber no sólo con ellos sino con el país entero.
Tomado de http://www.formabiap.org/ver.php?id=21030005

METODOLOGICOS DE LA ESCUELA PARA EL AUTOGOBIERNO MAPUCHE

COMUNICADO REUNION DE TRABAJO PARA LA DEFINICION DE LOS CONTENIDOS Y ASUNTOS METODOLOGICOS DE LA ESCUELA PARA EL AUTOGOBIERNO MAPUCHE.


La organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras comunica la realización de la Primera Reunión de Trabajo para la definición de los contenidos y los asuntos metodológicos de la Escuela para el Autogobierno Mapuche, a efectuarse el día viernes 29 de agosto 2008 en la ciudad de Temuco.



  1. Para Reunión de Trabajo se ha convocado a representantes de diversas organizaciones, comunidades, técnicos y profesionales Mapuche con el objeto de definir los contenidos y la metodología de la Escuela para el Autogobierno Mapuche, este organismo comenzará su formación y capacitación a partir del mes de octubre 2008, compromiso que se deriva del Plan de Acción de la Primera Conferencia Mapuche sobre el derecho a la Libre determinación /Autogobierno Mapuche, efectuado en el mes de junio 2008.


  2. La Escuela para el Autogobierno Mapuche tiene por objeto formar y capacitar a los líderes Mapuche e implementar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas particularmente el artículo.


  3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. y el artículo.


  4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.


  5. La Declaración de Temuco sobre la libre determinación/ Autogobierno Mapuche, hace un llamado a los profesionales, a los dirigentes de comunidades tradicionales y legalmente constituidos, a las organizaciones, a los jóvenes, a las mujeres a participar activamente del proceso políticos que se ha emprendido.


  6. Cabe subrayar que la formación y capacitación que impartirá la Escuela para el Autogobierno Mapuche tiene como contexto el Bicentenario que se cumplirá el año 2010.


  7. La Escuela para el Autogobierno Mapuche cuenta con la participación del Juez Juan Guzmán Tapia, asimismo, se han adheridos a ésta iniciativa para conformar el equipo de docentes personas con residencia nacional e internacional, todos profesionales, amigos, y expertos en diversas materias sobre gobernabilidad.

AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA


Wallmapuche, Temuco, Chile 28 de agosto 2008.
Publicado por Prensa Indígena Chaskinayrampi

Carta de Comunidades y organizaciones mapuches a Ministro del Interior

SEÑOR EDMUNDO PEREZ YOMA
Ministro del Interior
Presente
De nuestra mayor consideración.
La comunidad de Temucuicui y la Organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras, le saludan muy respetuosamente y se dirigen a Usted con el objeto de aclarar determinados hechos que afectan al Pueblo Mapuche, y al mismo tiempo exigimos lo siguiente.
  1. Con frecuencia todos los hechos que suceden en el sur del país con absoluta ligereza e irresponsabilidad se las atribuyen a los Mapuche. Esta situación reiterada obedece por un lado al racismo histórico con los Mapuche y por otro responde a los intereses de los grupos económicos y particularmente por quienes han participado en actos de despojo territorial y últimamente el aprovechamiento político y la agitación del senador Alberto Espina.
  2. Exigimos respeto por los derechos de los niños, las mujeres y los ancianos Mapuche, considerando que Carabineros al momento de los allanamientos atacan indiscriminadamente al conjunto de la comunidad donde los niños, las mujeres y los ancianos son objetos de actos de violencia institucional. Los hechos de violencia institucional se repitió en el allanamiento del día domingo 24 de agosto, en donde resultaron varios niños, mujeres y ancianos con asfixias y lesiones. Esta situación sucede porque carabinero actúa bajo la doctrina del enemigo Mapuche. A raíz del descontrol y los ataques indiscriminados de carabineros, en contra de los Mapuche resultó herido con balines el sargento Edgardo Alvarado. Esta elocuente situación pone de relieve y desmiente la participación de los Mapuche en actos de violencia.
  3. Denunciamos la agitación para el uso de la violencia institucional de parte del senador Alberto Espina, unidos al gremio de agricultores agrupados en la SOFO y muchos de ellos actores de la usurpación de tierras Mapuche, asimismo, el gremio de los camioneros de Los Ángeles y de la IX región, quienes han venido haciendo apología publica sobre la violencia, amenazas reiteradas para el uso de las arma de fuego en contra de los Mapuche.
  4. Recordamos que los únicos que han traído el terror, la violencia, el despojo de nuestras tierras y territorio han sido los grupos económicos vinculados a los agricultores, a las empresas forestales y el propio Estado Chileno.
  5. En vista que el Estado Chileno no ha protegido nuestros derechos, el aumento del racismo odioso de los agricultores, de las empresas forestales, de los camioneros y la agitación de algunos parlamentarios, en esta oportunidad concurriremos a la jurisdicción internacional y a los mecanismos de protección a los derechos humanos para solicitar medidas cautelares a favor de las comunidades y la protección de los niños, mujeres y ancianos Mapuche.
  6. El Pueblo Mapuche tiene la amplia disposición para el dialogo, en la medida que el derecho a la autodeterminación, el autogobierno Mapuche y el territorio sean los ejes fundamentales del dialogo

Exigimos:

  • Que cesen los allanamientos y la militarización de las comunidades Mapuche.
  • Respeto a los derechos de los niños, las mujeres y los ancianos Mapuche.
  • Que el Ministerio del Interior presente las debidas querellas criminales en contra del gremio de los Camioneros de Los Ángeles y de la IX región, por su participación en la apología a la violencia. Tales acciones criminales deben presentarse al más breve plazo, de lo contrario serán las comunidades que concurrirán al tribunal.
  • Emplazamos al general de Carabineros de la IX región a que informe objetivamente sobre el origen de los balines que afecta a su personal.

Atentamente

JORGE HUENCHULLAN - Werken Temucuiccui

AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA - Consejo de Todas las Tierras

VICTOR QUEIPUL H. - Comunidad Temucuicui

WALTER TORI - Comunidad Temucuicui

Wallmapuche, Temuco, Chile 26 de agosto 2008.
Publicado por Prensa Indígena Chaskinayrampi

El Senador Espina y la Nota Mapuche Ministro Perez Yoma

jueves 28 de agosto de 2008

Alberto Espina (RN): ''Lo que diga, haga o piense Aucán Huilcamán me tiene sin cuidado''

El parlamentario sale al paso de las acusaciones en su contra de parte de un grupo de dirigentes mapuches, entre los que se cuenta el líder del Consejo de Todas las Tierras.

A Espina le atribuyen intentar sacar provecho político de la violencia que se ha estallado en la Novena Región y de promover la violencia institucional en la zona.

Claudia Rivas A.


Alberto Espina (RN), representante en el Congreso de la Novena Región Norte, es uno de los más firmes partidarios de que se le aplique todo el rigor de la ley a quienes promueven la violencia en su zona. Debido a su postura se ha ganado la antipatía de un importante sector de dirigentes mapuches, entre los que se cuenta al líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán. Al punto que hace unos días, en una misiva enviada al ministro Edmundo Pérez Yoma, un grupo de ellos denunciaba “la agitación para el uso de la violencia institucional de parte del senador Alberto Espina”.
En esta entrevista, el parlamentario se defiende y no sólo insiste en que la violencia es ejercida por un grupo minoritario, sino que le resta toda importancia a las declaraciones de Huilcamán, de quien asegura que “no tiene incidencia ni liderazgo en la región”.
- ¿Qué le parece que un grupo de dirigentes mapuches entre los que se encuentra Aucán Huilcamán lo estén acusando de generar “agitación” en la Araucanía para incitar “el uso de la violencia institucional”?
Esa una declaración que sostiene un hecho absolutamente falso. Lo que yo he hecho es lo que me corresponde como senador de la Araucanía, que es salir en defensa de la inmensa mayoría de vecinos de esta región que quiere vivir en paz y tranquilidad y que ha visto su convivencia afectada por una minoría violentista que tiene una organización paramilitar y que, incluso, es dirigida –como el propio ministro del Interior lo ha señalado- por sujetos que pertenecen o pertenecían a grupos de extrema izquierda como es el Frente Manuel Rodríguez, el MIR y el grupo Lautaro.
Las declaraciones de don Aucán Huilcamán no son si no, una vez más, el camino que él siempre ha escogido, que es señalar hechos que no son verdaderos y que lo único que traen es división, odiosidad en la región. Mi deber como senador, y no me voy a dejar amedrentar en eso, es recurrir ante las autoridades de gobierno, la Fiscalía y las policías, solicitándoles que cumplan con la obligación constitucional de resguardar el orden público, dar protección a las víctimas de la violencia y capturar a quienes han liderado estos hechos que han sido cometidos con alevosía y premeditación.
Todo lo que diga Aucán Huilcamán, en esta materia, me tiene absolutamente sin cuidado y no me llama la atención, porque su conducta habitual ha sido que en vez de llamar a que los problemas que enfrenta el mundo mapuche se resuelvan de manera pacífica, él siempre toma posiciones radicalizadas.
- ¿Qué le parece que pese a los dichos del ministro Pérez Yoma el general director de Carabineros haya afirmado que esas personas son delincuentes comunes?
Hay una contradicción evidente en cómo califican a estas personas. Si el general director de Carabineros ha dicho que son delincuentes comunes, no tengo duda que lo ha hecho sobre la bese de señalar que lo que cometen son delitos que no tienen ningún tipo de motivación política, sino que más bien se trata de actos delictuales, cuya finalidad es provocar intimidación en la población. Y lo que tendrían que explicar las autoridades, porque eso corresponde en democracia, es quiénes están detrás de estos grupos, quiénes los financian, cuántos son, qué propósitos persiguen. La Araucanía no es una región en llamas, en el sentido que este conflicto no es generalizado.
- ¿Entonces cabría aplicar la ley de seguridad interior del Estado?
La calificación de los delitos le corresponde hacerla a los jueces. Lo importante es que los fiscales investiguen bien, que si estamos en presencia de delitos terroristas apliquen la Ley Antiterrorista; si hay otros en que se trate de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la apliquen; y si es delito común, se aplique la legislación común. Lo que la gente espera de las autoridades es que, finalmente, garanticen el orden público y la tranquilidad ciudadana. Y eso es lo que le corresponde a un senador, como es mi caso, de una región que está viviendo esta situación, enfrentarla sin ningún tipo de ambigüedades. Yo, en esto, no confundo y llamo a la gente a no confundir los problemas sociales que enfrentan las comunidades mapuches, que son los pobres entre los pobres de Chile. Los propios mapuches son los más interesados en que estos hechos terminen, porque saben que así no se resuelven los problemas que hay en la Araucanía.
- ¿Usted diría que el gobierno está trabajando con demasiada lentitud?
-Yo me he reunido en tres oportunidades con el ministro Pérez Yoma y he conversado con él por teléfono, después que visitó la región. Le conté en detalle toda la información que habíamos recogido de la Fiscalía, de las policías y de los vecinos, y él me señaló que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para los efectos de desarticular a estos grupos minoritarios y, obviamente, lograr desarmarlos, para que la región pueda vivir en paz. Este es un tema de Estado, no es un tema de gobierno u oposición. Yo no fui electo senador en representación exclusivamente de un sector político, soy senador de la Araucanía y, por lo tanto, mi deber es trabajar un tema de tanta importancia, tan delicado, con las autoridades de gobierno que son las llamadas a controlar el orden público.
-¿Entonces están trabajando en coordinación?
-Yo, por lo menos, tengo un contacto permanente con el ministro del Interior, le entrego la información que tengo, le señalo cual es mi visión de los hechos él me señala la suya y creo que un tema así debe tratarse como política de Estado. No es un tema de confrontación gobierno-oposición. Debemos trabajar todos los que somos partidarios de que en la Araucanía se viva en paz y en tranquilidad, y que queremos que los problemas de las comunidades mapuche se resuelvan; también quienes viven en zonas rurales y son mapuche, que también tienen gravísimos problemas económicos. Lo que corresponde es trabajar en conjunto. Siempre van a existir personas que traten de sacar provecho de esta situación. Aquí en la región, contrario a lo que sale en la declaración de Aucán Huilcamán, la gente sostiene que lo que se necesita son acciones eficientes de la Policía y la Fiscalía, con el objeto de desarticular estos grupos que, muchos de ellos, están organizados por personas que ni siquiera son de la comunidad.
- ¿Usted diría que Huilcamán está tratando de sacar provecho político de esta situación?
La verdad es que a mí lo que diga, haga o piense Aucán Huilcamán me tiene sin cuidado, porque él no tiene ninguna legitimidad dentro de la región. Él es una persona que no tiene incidencia ni liderazgo para resolver un tema que la gente estima más apremiante, que es vivir en paz y tranquilidad y lograr resolver los temas sociales pendientes. De manera que su opinión no tiene relevancia y menos me importa a mí.

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=256371
Publicado por Prensa Indígena Chaskinayrampi

jueves, 21 de agosto de 2008

Cuatro puntos de vista sobre el conflicto mapuche







Insólito!!!. General del Ejército entrena a soldados loretanos para matar indígenas


Radio La Voz de la Selva
19/08/2008

Rechazo total causó entre la población loretana la demostración realizada ayer por el Ejército Peruano ante una hipotética intervención en la huelga que acatan pobladores indígenas en la provincia Datem del Marañon. Diferentes medios televisivos fueron convocados por el general EP Francisco Vargas Vaca, Jefe de la Región Militar del Oriente, para presenciar este hecho que tras su visualización fue repudiado por la forma como los soldados son utilizados para este tipo de demostraciones. En la imagen se ve a dos grupos de soldados. En el primer grupo los indígenas (soldados vestidos de civil) portan lanzas (palos). En el otro frente se ve a soldados armados repeliendo a los supuestos indígenas. En ese instante se produce un enfrentamiento donde resulta herido un soldado y tres indígenas caen abatidos por las balas. Esta demostración se realizó ayer en las instalaciones del cuartel militar “Vargas Guerra” de Iquitos en presencia de todos los jefes militares y ante un sonriente general del Ejercito quien dijo que esperaba no llegar a estos extremos porque confía en la tranquilidad de las poblaciones indígenas. Sin embargo advirtió que su institución tiene todas las armas necesarias para intervenir. “Existe todo un procedimiento en caso que las fuerzas armadas tengan que participar en apoyo de la policía nacional para el control del orden público. Así como la protección de un servicio público esencial. Se explicó al personal militar cuales son las alternativas que tienen los revoltosos. Dentro del rechazo (de parte del Ejército) puede ser mediante una acción letal, de disparar a la pierna, los brazos, hasta una acción letal. Esperemos que la cordura se manifieste y no tengamos que ir a allá. Estamos listos, tenemos los medios, tenemos el helicóptero, tenemos todo”, advirtió.

tomado de http://aa.cnr.org.pe/vselva/ninterna.html?x=4421

Solidaridad con el pueblo Awajun - Amazonia peruana

Estimados amigos:
En Amazonas la poblacion indigena esta acatando un paro desde el 9 de agosto y los medios hasta la fecha no han tenido la gentileza de informar lo que pasa, nos distraen con noticias que no tienen nada que ver con lo que sucede en el Perù, te agradezco mucho que puedas revisar el material que acontinuacion te presentamos en el link y puedas distribuirlo entre todos tus contactos, medios de comunicacion local y otros con la finalidad de poder hacer pùblica esta movilizacion indigena que es historica en la amazonía peruana.
muy agradecido. El pueblo indigena te lo agradecerá.

Fuente: Kusiquyllur Casafranca

lunes, 11 de agosto de 2008

El 63% ratifica a Evo, tres prefectos son revocados y cinco revalidan sus cargos

El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera lograron este domingo, en histórico referendo, ser ratificados con al menos el 63 por ciento de los votos, similar suerte corrieron cinco prefectos y tres fueron revocados, según los resultados extraoficiales de conteo rápido de la red ATB con datos de Ipsos, Opinión y Mercado.
Estos datos, además, muestran que los prefectos ratificados son de Potosí, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En cambio los revocados son de Cochabamba, La Paz y Oruro.
Mientras que los otros resultados no oficiales en boca de urna de las redes Uno "El Día de la Verdad", de la red Unitel "Así Decidimos", la red PAT "Usted Elige", de Televisión Boliviana y la red Panamericana le dan 60 por ciento a Morales Ayma y García Linera.
Con acostumbran, las diferentes cadenas televisivas y radiales ofrecieron a las 18.00 horas los resultados en boca de urna a través de las radios y televisoras y mostraron además la ratificación de los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez Sattori; de Tarija, Mario Cossío; de Potosí, Mario Virreyra y de Pando, Leopoldo Fernández. Y está en duda los resultados del prefecto de Oruro, Alberto Aguilar, quien bordea los 50 por ciento de preferencia.
Todas las redes coincidieron en dar como revocados a los prefectos de La Paz, José Luis Paredes con 35 por ciento, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa con 40 por ciento y de Oruro con 49 por ciento.
En las elecciones del 2005 El presidente Morales recibió el 53.7 por ciento de la preferencia electoral y los prefectos sacaron, de La Paz 361.055 (37.988 por ciento), de Pando 9.958 (48.032 por ciento), de Beni 46.842 (44.637 por ciento), de Santa Cruz 299.730 (47.877 por ciento), de Oruro 63.630 (40.954 ciento), de Potosí 79.710 (40.690 ciento), de Tarija 64.098 (5.646 ciento) y de Cochabamba 246.417 (47.641 ciento).
En todos los casos con excepción de Manfred Reyes Villa pasaron su votación del que habían recibido en la anterior elección del 2005.
La Corte Nacional Electoral habilitó 4.047.916 bolivianos para que acudan a las urnas a emitir su voto, que decidieron el futuro del Presidente, el Vicepresidente y ocho de los nueve prefectos.
Con 1.270.488 personas habilitadas, La Paz es la región con mayor cantidad de electores del país, le siguen Santa Cruz, con 981.958, y Cochabamba, con 712.115

JORNADA DEMOCRATICA

La jornada histórica del referendo revocatorio de este domingo se caracterizó por la vocación democrática, la paz y normalidad, pese a un incidente aislado en la población beniana de Yucumo donde se registró el robo de material electoral que fue inmediatamente repuesto.
La misión de observadores nacionales, internacionales, políticos, Gobierno, sectores sociales, políticos y prefectos coincidieron, por separado, que la jornada electoral fue una muestra de la madurez de la democracia de los bolivianos, pese a lo sucedido en este proceso electoral.
Este acontecimiento electoral de esta jornada evaluó la gestión gubernamental del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de los nueve prefectos de departamento y se constituye en el primer referendo en la historia de cerca de 26 años de democracia ininterrumpida.
Los medios internacionales aseguran que este acto democrático electoral es el mayor desafío político de su vida que enfrenta el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, su vicepresidente, y ocho de los nueve prefectos que componen las regiones del país.
El presidente de la CNE, José Luis Exeni, informó que la jornada del referendo revocatorio se desarrolló con total tranquilidad y normalidad a nivel nacional. "Con mucha satisfacción tenemos que decir que hoy en Bolivia se ha llevando a cabo una jornada tranquila, pacífica y muy participativa.
Es una jornada democrática donde se está reafirmando la vocación de solucionar los problemas a través del voto", afirmó Exeni.Rq/ ABI
Publicado por Prensa Indígena Chaskinayrampi