LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y LA FORMACION CIUDADANIA

Ponencia presentada por El Observatorio Global de Medios, Capítulo Venezuela, en el Encuentro Nacional de Escuelas de Comunicación Social “Comunicación y democracia en la era de las telecomunicaciones”, Universidad Católica Andrés Bello, realizado en Caracas , del 19 al 21 de noviembre de 2002.-

Introducción

En este trabajo se aborda la relación entre medios y ciudadanía, desde una perspectiva crítica. Partiendo del supuesto de que una información oportuna, plural, diversa y de calidad es vital para la conformación del espacio público, como espacio de civilidad, se pasa revista al proceso de concentración oligopólica de los medios y su incidencia negativa en la formación ciudadana, especialmente en ésta, la llamada “sociedad de la información”. De manera muy sintética se llama la atención sobre la incidencia de las tecnologías de información y comunicación que facilitan articular en un mismo momento acumulación de capital, dominio político y manipulación sociocultural. En la parte final se analiza la coyuntura actual del país en materia comunicacional, mostrando lo que está en juego entre democracia representativa y democracia participativa, la necesidad de una política de Estado y la necesidad de la regulación de los medios, así como el pleno derecho de los diferentes sectores sociales en la defensa de sus intereses mediáticos, siempre que estos no obturen la conciencia social ni el sentido solidario de construcción ciudadana. El lector atento tendrá que establecer las conexiones necesarias entre la complejidad de temas que, por la naturaleza de este trabajo, apenas pueden enunciarse.

La importancia de la información en la construcción de la ciudadanía

“Los medios de comunicación social son instrumentos fundamentales para la vigencia y el funcionamiento del sistema democrático. De la naturaleza de los mensajes de los medios depende, en alto grado, la conformación de la opinión pública. De allí la necesidad de un sistema comunicacional que garantice un flujo informativo libre, permanente, fidedigno y plural, y una amplia confrontación de opiniones que proporcionen al ciudadano suficientes elementos de juicio para permitirle la toma de decisiones conscientes en su participación en la esfera de lo público”.
Este párrafo, que forma parte de la Declaración de Principios del Observatorio Mundial de los Medios, capítulo Venezuela, sintetiza la opinión de un grupo de profesionales y usuarios de los medios, agrupados en esa organización, en cuanto a la importancia y la necesidad de que el proceso comunicacional en su dimensión informativa cumpla con su obligación en la formación de la ciudadanía en una sociedad democrática.
Esta misma preocupación existe también en muchos otros países. Analistas, comunicadores y receptores expresan cada vez con mayor énfasis su rechazo a las modificaciones que se registran en las formas y procedimientos de los medios masivos. Éstos han abandonado los preceptos que habían normado su papel y su funcionamiento: su responsabilidad social en tanto intermediarios entre las instancias de los poderes instituidos de cualquier signo - político, económico, cultural, ideológicos, militar, religioso, de los grupos de presión, partidos y movimientos sociales – y los ciudadanos.
Esta intermediación implica que no basta con la existencia formal de la libertad de expresión ni con el derecho a la información. Existe, además, la responsabilidad de los medios de proporcionar un tipo de información y de orientación que garanticen realmente una participación más plural, diversa e igualitaria de los ciudadanos en la vida pública. La redistribución de los conocimientos, que siempre son un poder, a través de las informaciones y opiniones, aminora el desequilibrio existente entre los sectores hegemónicos y los estratos menos favorecidos. Se contribuye así a tender a lograr el equilibrio entre la libertad e igualdad en el marco de un sistema democrático moderno. Esta es la ecuación que están llamados a cumplir los medios y los periodistas.
La responsabilidad social de la prensa en la tradición liberal bajo la cual se constituyó el moderno espacio público, tuvo como uno de los principios de la empresa periodística, -por lo menos de aquella denominada “independiente”-, el deber de presentar una información oportuna, imparcial y de calidad, como una mediación indispensable para proporcionar a los ciudadanos los conocimientos que posibilitaran su propia formación ciudadana y democrática en el más amplio sentido del término. Toda la teoría política liberal, de Locke a Kant reivindica la importancia de la información en la constitución del espacio público y la democracia y también Habermas, más contemporáneamente, ha mostrado la importancia de la información en la transformación de la vida pública.

La configuración del espacio público en la “sociedad de la información”

Si la dimensión comunicativa-informativa en la constitución del espacio público y la ciudadanía fue importante ayer, hoy es fundamental. En efecto, en la sociedad actual – la llamada sociedad de la información – se caracteriza por la importancia determinante de la información y de la comunicación como mecanismos hegemónicos de la reproducción de la sociedad. El control de los códigos con los cuales se produce e interpreta la información es la clave de la dominación. De esta manera, los medios se convierten en el espacio a través del cual se libra la lucha simbólica sobre el significado de la información, la cual es determinante en la constitución del individuo, la formación de los movimientos sociales, la naturaleza de la acción colectiva, el carácter de la esfera pública y el propio ejercicio de la democracia.
Este papel fundamental de la información en la constitución de la vida social ha sido reforzado por la revolución microelectrónica que ha producido un incremento sorprendente de la velocidad de procesamiento de la información y una expansión enorme en la capacidad de almacenamiento, procesamiento y manipulación de datos. A la luz de esta revolución, se ha desarrollado lo que algunos autores como Tapscott(1) llama la nueva industria de los medios de comunicación, que se ha convertido en el sector más dinámico de la economía mundial, con la característica de ser un sector cuya producción está dirigida a incidir en la conciencia y el imaginario social.
Considerando esta característica, y la importancia que han adquirido las industrias de contenido, la integración industrial que permite la convergencia tecnológica, los variados desarrollos de la televisión y la multimedia, la convergencia de inversiones de capital hacia el sector, entre otros factores, puede afirmarse que el proceso de acumulación del capital es a la vez, simultáneamente, el proceso de manipulación de la conciencia social y de dominio político.
De esta forma, se verifica lo que Emanuel Derieux, profesor del Derecho de la Comunicación en la Universidad de París, señalaba como uno de los peligros que acechan a la Comunicación Social: “Ampliamente liberados, aunque no totalmente, de las amenazas y presiones del poder político, los Medios de Comunicación Social de una sociedad democrática liberal pueden caer bajo el control del poder económico, quedando sin capacidad de asumir la misión, que normalmente es la suya, de mantenerse al servicio de los ciudadanos y del debate de las ideas” (Revista Chasqui, Nº 77)
Esta “caída bajo el control del poder económico” se está produciendo a escala planetaria. La consecuencia inmediata es que los contenidos y los fines de la comunicación vienen siendo puestos, cada vez más, en función de los intereses del capital, al punto de que los medios globales se han convertido en los nuevos misioneros del capitalismo corporativo(2). Esta situación se agrava en las naciones subdesarrolladas, como la nuestra, donde no resulta fácil determinar ni el alcance ni mucho menos impedir la nefasta influencia corporativa de los medios.
El capital transnacional, gracias a los procesos de globalización(3) y apoyado en las tecnologías de información y comunicación, TICs, opera hoy a una escala planetaria en la que, en la medida en que se amplia su esfera de circulación para incrementar su acumulación, presiona por “colonizar” todos los intersticios de la vida social y privada a través de su aparato comunicacional. De esta manera, los medios de comunicación, convertidos en el corazón de los grandes consorcios capitalistas, operan al servicio de los intereses políticos, sociales y culturales consistentes con la lógica de la acumulación del capital. La vida social tiende a organizarse bajo una fuerte incidencia de la racionalidad mercantil, del pensamiento político excluyente y de matrices culturales que tienen en el consumo el sentido de pertenencia y realización social.
Como lo afirman muchos estudiosos de los fenómenos contemporáneos tanto respecto al poder financiero globalizador, como al determinismo que las tecnologías están imponiendo a la vida, al pensamiento y a la manera de sentir del hombre contemporáneo, estamos inmersos en un punto de inflexión histórico desde el cual se hace difícil percibir el significado de lo que está ocurriendo. Mucho menos nos permite descubrir todos los intersticios por los cuales se insertan en nuestra mente los valores que preceden a la instalación definitiva de una forma de vida determinada por los intereses de las grandes transnacionales del capital y de manera especial aquellas de la tecnología comunicativa.
A la desorientación natural producida por la falta de asideros teóricos críticos que ayuden a orientar la reflexión sobre los fenómenos, pues el propio pensamiento se ha hecho efímero, ligero y circunstancial, se suma un fenómeno no registrado en otras épocas de crisis: el enorme poder de manipulación sociocultural y política con que hoy cuentan los grupos monopólicos, gracias al control hegemónico sobre el conocimiento y las TICs y la propiedad. Todo este poder de manipulación es desplegado para convencernos de las bondades del dominio financiero a escala planetaria, presentando todo el proceso como la oferta de la felicidad. El futuro está en sus manos: disfrútelo. Posea el último aparato tecnológico, reza el eslogan publicitario. De esta forma se substituye la vieja idea del progreso que desde el siglo 18, prometía la utopía del bienestar general por un paraíso de evasión, vía telemática, en el que, además, se rompe todo vinculo de solidaridad y se obscurece toda conciencia sobre la necesidad de la transformación de la sociedad como objetivo fundamental del hombre.

Acumulación de capital, dominio político y obliteración de la conciencia social.

Ahora bien, hasta el momento precedente a la actual revolución tecnológica, si bien todo el aparato ideológico y publicitario funcionaba legitimando las relaciones sociales de producción, los procesos de acumulación de capital se daban fundamentalmente en un espacio (la factoría) y en un tiempo (el tiempo de trabajo) y la publicidad y el entretenimiento se daban en otro espacio (el espacio privado del hogar) y en otro tiempo (el tiempo de ocio). Hoy día, el proceso de acumulación sobrepasa el tiempo de trabajo y se extiende al tiempo libre, que es penetrado por la ahora llamada industria de contenidos, colonizando el espacio privado en función del consumo convirtiendo el tiempo de descanso y ocio en tiempo de entretenimiento que, a su vez, es instrumentalizado a través de la manipulación ideológica y consumista.
De suerte que los medios de comunicación social, en todas sus facetas, sistemas, contenidos, variedades tecnológicas pasan a ocupar el centro de interés de las grandes fuerzas financieras, tanto por los beneficios económicos esperados como por el poder de penetración y de convencimiento de los medios. Por un lado, acumulación de capital a través de la venta del soporte tecnológico, equipos, software, especulación financiera; por otro lado, manipulación de la conciencia social, que a veces llega a la adicción, en cuanto al uso, disfrute y credibilidad de los contenidos que ofrecen.
La dimensión periodística propiamente tal de esos contenidos tiene una importancia de primer orden para todo el proceso. Si los contenidos de evasión permiten la desideologización y la lasitud creciente en cuanto a la identificación societaria del individuo, la información contingente de los medios está sufriendo una metamorfosis de consecuencias imprevisibles, problema que debe ser comprendido sobre todo cuando, como en el presente encuentro, se pretende relacionar la comunicación social con la formación ciudadana.
El abandono de su función social por parte de los medios de comunicación social y su suplantación por contenidos informativos tendenciosamente orientados hacia cierta vacuidad social ha impulsado a sectores periodísticos, universitarios y sociales a cuestionar su papel en el contexto de las democracias occidentales. Al mismo tiempo se buscan las vías para revertir esa tendencia. Las denuncias llenan las páginas de las publicaciones independientes, al margen de los poderosos grupos empresariales. Internet es pródigo en ese sentido, y a menudo constituye la única vía de acceso de esas denuncias y proposiciones. Los grandes medios, como es lógico, ignoran por completo esos hechos, como otras tantas cosas trascendentales para el mundo.
Reseñemos un ejemplo para ilustrar la anterior afirmación. La Columbia Journalism Review, dependiente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York, reseña en su número de agosto septiembre de 1998, lo siguiente: “Hasta hace dos décadas la mayoría de los medios (norteamericanos) -periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión- eran empresas pequeñas o familiares, pero ahora forman parte de grandes consorcios. Otra variante es que durante los años 80 y 90 los principales medios estadounidenses acudieron en masa a cotizar en Wall Street”(4). La consecuencia ha sido la “frivolización” o “tabloidización” de la información que ahora enfatiza las noticias sobre “escándalos de celebridades, chismes y otras historias de ´interés humano´ ” que, entre 1977 y 1997, pasaron a ocupar del 15 al 43% del espacio de los principales noticieros de televisión, portadas de revistas y las primeras páginas de los periódicos más importantes de los Estados Unidos. Según John Soloski, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Iowa, “Las compañías de medios que entraron a cotizar públicamente están en un circulo vicioso del cual no pueden salir” debido a que gran porcentaje de estas acciones están en manos de instituciones -fondos mutuales, fondos de retiros, compañías de seguros- que presionan por el incremento de las ganancias, antes que por la calidad del periodismo. Según el mismo Soloski, "Esas instituciones financieras son evaluadas semanalmente, mensualmente, trimestralmente en su desenvolvimiento. Así que ellos trasladan esa presión -que es bastante- a las compañías de medios(5)". Estos a su vez presionan a sus jefes de información para elevar por cualquier medio necesario los precios de las acciones.
Esta situación ha llevado a una creciente preocupación por parte del Estado hacia el papel de los medios. En algunos países como México, tiene lugar un proceso de reforma del Estado y en cuyo marco se discute el papel de los medios masivos. Las denuncias se refieren sobre todo a los contenidos de los medios radioeléctricos y surgen demandas para una nueva regulación del régimen de propiedad de los mismos, con el fin de detener la tendencia hacia la monopolización de esos medios por parte de fuertes inversionistas privados que tratan de consolidar el control de los mismos a través de la concentración de la inversión accionaria y publicitaria.
Se espera que para el próximo año entre en vigor la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y para entonces la Universidad Autónoma de México espera graduar a dos promociones de abogados especializados en la recién creada cátedra del Derecho de Acceso a la Información. El director del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, aseguró que uno de los principales problemas del país es la falta de información y afirmó que “no hay desarrollo democrático sin el acceso a información”.
Por su parte, la FELAP, organismo que agrupa a los periodistas latinoamericanos, en su reunión realizada en el mes de mayo, denunció que “los grandes consorcios de otros campos penetran en el de la comunicación y la información, donde se reflejan sus intereses parcializados, rompiendo la equidistancia con otros sectores de la sociedad. La concentración y las megafusiones van excluyendo progresivamente a editores y medios sustentados con el apego a la independencia y soberanía que dieron lugar a su nacimiento”.

La necesidad de regulación de los medios de comunicación

En muchos países surgen iniciativas de distinto tipo para enfrentar lo que pareciera ser inherente al proceso globalizador y se adelantan acciones de tipo legal mediante leyes especialmente concebidas para impedir la concentración de los medios en manos de poderosos consorcios nacionales y transnacionales. Asimismo, se realizan movilizaciones y protestas y se discuten nuevas leyes que actualicen la normativa para el otorgamiento de las concesiones del sistema radioeléctrico, y normas que faciliten la fiscalización de los contenidos emitidos por los medios, como en el caso de Italia.
Especialmente novedosa e importante es la participación de los grupos organizados de la sociedad civil en este intento por evitar que el monstruo de mil cabezas se apodere de forma total de los medios, de los contenidos y de las mentes de los ciudadanos. Además de denunciar el carácter monopólico de la conformación de los medios, de exigir un mejor y más amplio carácter informativo y una más sana programación televisiva, sobre todo en defensa de los niños y adolescentes, los sectores sociales organizados buscan las formas de contrarrestar la dependencia informativa de los medios y crear nuevas formas de obtener los conocimientos sobre la actualidad nacional e internacional.
En Argentina, por ejemplo, se instalan radiodifusoras regionales de carácter comunitario, con escasos medios tecnológicos, pero con alcance suficiente para su grupo social. Se multiplican los medios impresos, de factura modesta, pero con contenidos necesarios. Estos medios han tenido un importante papel organizativo en los acontecimientos de protesta y de ayuda mutua durante los acontecimientos de los últimos meses en ese país.

Pero no solo se trata de la sociedad civil. También algunos sectores investigadores y algunas universidades vienen realizando esfuerzos por investigar este fenómeno de la concentración monopólica de los medios y sus efectos en la vida social. Recientemente tuvo lugar en Sevilla, España, la fundación de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPICC, por investigadores vinculados a más de 30 universidades del mundo latino. En uno de los apartes de su declaración de principios establece que “Todos los sectores de la comunicación, apoyándose en la convergencia que propician las TIC pasan por una brutal concentración y centralización apoyados por el poder estatal, mientras que, por otro lado, ese mismo poder dificulta al extremo la acción de aquellos actores no hegemónicos que podrían representar una alternativa democrática y progresista de organización de los sistemas de comunicación como el movimiento de las radios y televisoras comunitarias y todos los sectores de servicio público, cada vez más arrinconados y desfigurados, imposibilitados de competir contra los poderosos intereses económicos oligopólicos”(6).
Como puede apreciarse, las sociedades se orientan a confrontar este tipo de globalización de la información y la comunicación por dos vías: mediante acciones de tipo legal a través de las cuales los Estados garanticen el derecho ciudadano a la información y la comunicación plural, diversa, oportuna y de calidad, y por otro lado buscando acceder al conocimiento de la realidad social a través de medios fundados al margen de los monopolios informativos. Tal respuesta podría juzgarse débil y poco efectiva dada la magnitud del poder financiero que enfrenta. Sin duda, es difícil suponer que, sin una decisión firme desde el poder político para revertir la tendencia global hacia la concentración y la penetración de capitales transnacionales en el sector de las telecomunicaciones en países atrasados, como los latinoamericanos, sea posible lograr cambios substantivos.
Sin embargo, la batalla por el dominio mundial recién está en su primera fase expansiva. Tampoco se trata de una ofensiva monolítica por parte de los capitales monopólicos como podría deducirse de la terminología que por lo general se usa. Aunque la monopolización y centralización del capital operan en ese sector a una escala inédita de transnacionalización, en ningún momento se diluyen las bases nacionales de los monopolios que tratan de no perder todo el control de mercado.
En el fondo, la disputa planteada en torno a la desregulación de las telecomunicaciones y de las nuevas y viejas tecnologías es la disputa por la posibilidad de defender la soberanía como pueblo y como nación, por tener la posibilidad de un desarrollo económico y social autónomo e incorporado a la esfera mundial en condiciones no onerosas, por tener una cultura con posibilidad de contribuir al desarrollo humano y solidario de la sociedad. Lo cual pasa por la confrontación del poder y la concentración y centralización de los medios. Y esto, de alguna manera, se expresa en las iniciativas de los periodistas, de sus organizaciones, de los sectores sociales que están aprendiendo a percibir las falacias de los medios de comunicación social y a reclamar sus derechos en el área de la cultura y de la información.
Se daría así un fenómeno nunca antes visto en la dinámica de las formaciones de movimientos sociales y que nada tiene que ver con la normativa que sobre los medios elaboró la Teoría Social de la Comunicación: el sentido de ciudadanía se estaría formando en sentido negativo, es decir, no solo al margen de los contenidos de los medios en cuanto a la participación ciudadana, sino justamente por su ausencia, por no existir ningún elemento que se supone indispensable para la identificación del receptor en su calidad de ciudadano.
Sin embargo, habría que aclarar que esa toma de decisiones y de acciones se limita por ahora a grupos sociales más o menos restringidos que se sienten motivados en asumir la iniciativa de reclamar y exigir sus derechos ciudadanos. La gran mayoría sigue expuesta a los contenidos culturales e informativos de los medios que le niegan ese acceso a su identificación como miembro de una sociedad.

Medios, espacio público y ciudadanía en la Venezuela actual

En Venezuela, a diferencia de los demás países latinoamericanos, se vive una condición distinta. En términos políticos la situación del país se caracteriza por un proceso de transición de un régimen político de democracia representativa a uno de democracia participativa. La sola denominación no implicaría necesariamente un contenido de transformación real si ese mandato constitucional no hubiese logrado movilizar a grandes grupos humanos en la concreción de ese concepto que, en lo social promete alcanzar el desarrollo pleno, digno y vital de todos, con la participación de las mayorías nacionales excluidas y postergadas durante la época de la democracia representativa.
A pesar de que ese proceso de transformación se ha planteado tanto por el gobierno como por importantes sectores sociales, como un proceso pacífico y participativo, lo cierto es que diversos factores llevaron al país al actual estado de confrontación. Sin entrar a considerar las causas que generaron ese estado de cosas, es necesario señalar que los grandes medios de comunicación asumieron el papel protagónico, al abrogarse un liderazgo como voceros propagandísticos y agitativos de la oposición. De esta forma dejaron de cumplir el rol que en una democracia se les asigna a los medios masivos.
A su vez, y en cierto sentido como consecuencia de lo anterior, los medios del Estado siguieron la tendencia tradicional de esos medios como voceros del Gobierno. De suerte que en Venezuela se estaría conformando, gracias a la dispar actuación de los medios, un sentido contrapuesto de lo que es el proceso de conformación del espacio público y de la propia ciudadanía. La actuación pública de cada uno de los polos políticos demostraría la influencia que los medios han logrado en el imaginario de los dos sectores sociales.
Por un lado, el sector de la oposición encuentra en los medios respectivos su plena identificación al percibir sus mensajes como reforzadores de posiciones y creencias ya existentes o en estado larvario. En la elaboración de estos mensajes se aplican, con impúdica evidencia, las más elementales técnicas de manipulación informativa – ocultamiento de los hechos, tergiversaciones, hiperdimensionamiento de aquellos acontecimientos que favorecen su posición política, descontextualización de las declaraciones, lenguaje descalificador – a tal punto que esos contenidos ofrecidos como información periodística siguen toda la normativa de producción de los mensajes propagandísticos.
En el otro extremo del espectro político – comunicacional, incluidos también los recién creados medios alternativos o comunitarios, se procede con indudable tendencia a incentivar el apoyo a la gestión oficial y a movilizar a los sectores populares hacia la defensa del proceso bolivariano con el cual se identifican por ser los sectores de la sociedad venezolana que habían sido excluidos del sistema de la democracia representativa. También aquí la identificación de la ciudadanía viene dada a través de un proceso comunicacional, sin duda de menor intensidad y penetración, pero que logra articular el sentido de pertenencia a un modo de concebir un sistema de sociedad democrática y participativa y que actúan en consonancia en la defensa de sus derechos como ciudadanos.
Esta dicotómica situación de la realidad venezolana actual demuestra que el concepto de “ciudadanía” no es unívoco y que la misma requiere de una precisión más extendida que la sola percepción de su definición jurídica. En su acepción política significa el derecho a participar activamente en la vida política del Estado al cual se pertenece. El concepto actual tiene su origen en la ideología liberal – democrática y en el concepto del “Estado de Derecho” del siglo XIX. Su formulación primigenia aparece en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en 1789 que fija la norma de la libertad política a todos los ciudadanos de participar en las funciones públicas y en el ejercicio del poder del Estado. Sin embargo, a pesar de que el principio de igualdad de la ciudadanía está consagrado en la mayoría de las constituciones contemporáneas, “es frecuente que esta, en la práctica, quede desvirtuada por factores económicos –sociales (clase social, influjo), raciales o políticos”.(Juan Ontza “La Política”)
Esto fue lo que ocurrió en Venezuela durante los 40 años de la democracia representativa: la exclusión de grandes grupos sociales del ejercicio pleno de la ciudadanía, más allá de su participación formal en las elecciones. En muchos contenidos de los medios de comunicación social y en las manifestaciones verbales de los sectores de la oposición se hace explícito el rechazo a permitir que los sectores populares ejerzan esos derechos y, por ende, se les niega la posibilidad real para el ejercicio de la ciudadanía.
El concepto de la soberanía popular, y su derivado de ciudadanía, no es unívoco ni se verifica de forma automática. Como muchos otros conceptos políticos tiene un substrato axiológico que debe ser precisado para que la intención del legislador tenga verificación plena.

Espacio público y ciudadanía en la democracia participativa

La idea de la democracia participativa tiene su origen, entre otras, en la teoría roussoniana de la soberanía popular y la constitución de ésta alrededor de la “voluntad general” que no es otra cosa que el bien colectivo. La tesis central de Rousseau es que es necesario formar individuos plenamente humanos para que puedan llegar a ser buenos ciudadanos, pues la ciudadanía correctamente ejercida facilita complementar la esfera pública y la esfera privada. Solo una sociedad que produce seres humanos, en el sentido de seres morales, autónomos y libres, capaces del bien común, puede formar ciudadanos.
“Los antiguos políticos hablaban incesantemente de costumbre y de virtud; los nuestros sólo hablan de comercio y de dinero”, escribía Rousseau al contrastar su utopía con la descomposición de la política en la naciente sociedad moderna en la que vivió. A diferencia del credo liberal, Rousseau hace de las esferas públicas y privadas esferas complementarias y no esferas separadas y contrapuestas como se establece en la filosofía política liberal. Este filósofo asigna al ser humano dos principios originarios e inalienables: el de la conservación de la vida y el de la solidaridad. Y serán éstos los que “formulan todas las reglas del derecho natural” y quienes marquen los objetivos y las condiciones del contrato social.
Desde este punto de vista, la deliberación normativa está guiada por estos dos principios originarios y nunca meramente por el principio de autointrés, como en el liberalismo. Es falso – asegura Rousseau – que en el estado de independencia, la razón nos lleva a concurrir al bien común por la consideración de nuestro propio interés, ya que el interés particular y el interés general sigue lógicas divergentes y excluyentes, con lo que este pensador se adelantó a criticar a Smith y su “mano invisible del mercado”.
En estos planteamientos hay una doble ruptura radical con la llamada democracia liberal (o neoliberal): 1) establece que el pueblo, en tanto la soberanía descansa en él, puede por sí mismo dirigir el Estado, sin necesidad de delegar su soberanía, tal como en la práctica sucede con las democracias representativas o indirectas. 2) esta dirección del Estado está indisolublemente unida a la búsqueda del bien común, y no como en la democracia representativa en la que, bajo la argucia de la libertad individual, con el camuflaje de la “igualdad de oportunidades” y el acicate de la competitividad, se legitima el interés de grupos minoritarios contrapuestos al interés general de la sociedad. Las relaciones vinculantes entre estos dos puntos y las diferencias entre representación y participación directa saltan a la vida.
El concepto de voluntad general en cuanto exponente procedimental del bien común se concreta en la legislación general, la Constitución, que establece la regla de lo justo y de lo injusto y norma la sociedad con carácter imperativo. Ningún sector podrá desconocerla ni estar por encima de ella en todo o en parte. La soberanía, concebida así, no es otra cosa que la búsqueda del bien común. Esto presupone la institución de una comunidad política real -y no sólo nominal de igualdad ante la ley como en el liberalismo- en la cual los individuos quedan efectivamente comprometidos, desde su propia individualidad, en la búsqueda del bien común por encima de sus intereses particulares, y no mediante una mera convergencia, supuestamente garantizada, de los intereses particulares y del interés general. Ello conlleva una transformación moral y política de los individuos, mediante la cual se convierten en ciudadanos.
La Constitución bolivariana contiene prácticamente todos los valores políticos y sociales desarrollados por Rousseau en su concepto del contrato social. De forma que la respuesta a la interrogante sobre la formación ciudadana - y el papel de la Comunicación Social en su conformación – debería venir precedida por una precisión sobre el alcance del concepto mismo de la ciudadanía en las condiciones legales y políticas que hoy vive la sociedad venezolana. Definir si la calidad de ciudadano implica la asunción de los valores éticos y procedimentales que fija la Constitución, libremente aprobada por el pueblo, o se pretende asumir como válido el concepto liberal de ciudadanía, lo que implicaría el desconocimiento de la legalidad existente. En términos más precisos y en el ámbito de la comunicación significa interrogarse si los propietarios de los medios de comunicación, como sector particular, administrando un bien que es común, tal como lo es el espectro radioeléctrico, tiene el derecho de imponer a la sociedad en su conjunto sus intereses particulares. Asimismo, si el gobierno de turno, tiene el derecho de imponer sus intereses al conjunto de la sociedad o si, por el contrario, es necesario un política comunicacional de Estado que orientada normativamente por la Constitución, garantice tanto un espacio comunicacional de servicio público y universal al servicio de la sociedad, y en determinadas circunstancias normadas por la ley, un espacio para los sectores privados y para el propio gobierno.
La divergencia conceptual y axiológica señalada supra se refleja en las dos posiciones asumidas por los medios de comunicación durante los últimos dos años. Más allá de los numerosos recursos propagandísticos que se utilizan para apuntalar esas posiciones, subyace en el fondo de todo el proceso de enfrentamientos mediáticos la defensa de posiciones contrarias a lo que determina el concepto de la democracia participativa y el bien común como valor fundamental.
Si bien existe el compromiso tácito de que el individuo, al convertirse en ciudadano, deba atenerse en todo a la voluntad general, esta transformación no anula la voluntad particular de cada miembro, cuya dinámica opera en sentido contrapuesto. La legitimidad de sostener posiciones contrarias a los valores desarrollados en la Constitución no puede desconocerse. Sin embargo, lo que debe preservarse es el respeto por la normativa legal existente, justamente la que ha pretendido violentarse tanto en los contenidos de los medios como en los hechos de tanta evidencia anticonstitucional como el golpe de Estado del 11 de abril.
En ese contexto pareciera un ejercicio de vacua utopía proponer algunas vías o formas para que, especialmente los medios privados pudiesen incidir en la formación de la ciudadanía. Tal vez lo único que se les debería exigir es que, aún asumiendo una posición de franco rechazo al proceso que se vive, volvieran a cumplir con su antiguo deber de informar. Nadie pueda exigirles que compartan los valores del bien común ni de la democracia participativa de la Constitución bolivariana. Para defender su punto de vista tienen a su disposición los espacios de opinión de sus respectivos medios. Pero la información es un bien común que pertenece a todos y que nadie puede manipular en su beneficio exclusivo, menos en detrimento de otros sectores sociales.
En el marco de esta problemática sería conveniente referirse brevemente a un fenómeno mundial que ha sido señalado con insistencia por algunos periodistas y teóricos de los medios: la metamorfosis que se está verificando en la comunicación social, debido a la creciente tendencia a asumir formas propagandísticas y publicitarias en la elaboración y presentación de los contenidos informativos.
James Reston afirmó que el siglo XIX era el siglo de los escritores y el siglo XX el de los periodistas. Apenas despuntando el nuevo siglo surge el temor de que la profesión y la labor periodísticas sean suplantadas por un profesional y una actividad de tipo híbrido en el límite entre el publicista y el relacionista público. En otros términos, la información pasaría a ser instrumentalizada con la técnica de la propaganda. Ya no sería importante transmitir los conocimientos que el ciudadano requiere para su desenvolvimiento como ciudadano en una sociedad democrática. Lo importante sería inducir al receptor a asumir determinados comportamientos acorde con las decisiones tomadas en las instancias hegemónicas: gobiernos, grupos de presión, empresas y consorcios transnacionales.
Estas aseveraciones, que en este momento puedan sonar a ciertos presagios propios de ciencia ficción, no parecen estar tan lejos de la realidad, incluso de la realidad venezolana. El vertiginoso desarrollo tecnológico, la imbricación de los distintos medios para la producción de los contenidos, la preeminencia del personal técnico en desmedro del periodista, la concentración horizontal de los recursos para la producción de los contenidos y la concentración vertical de los capitales para abarcar la mayor gama posible de los medios son algunos de los síntomas que impulsarían un cambio de la esfera comunicacional hacia una conformación diferente de lo que hemos conocido hasta ahora.
La primera víctima de este proceso sería el periodista. La nítida diferenciación que había existido entre el periodismo, la publicidad y las relaciones públicas, en términos no solo de su especificidad profesional sino, y sobre todo, en su dimensión ética, parece ser hoy cada vez más laxa y en muchos casos esos diferentes roles sociales de los comunicadores se solapan. Esta situación es más evidente en los programas de opinión (en realidad, entrevistas de opinión) en la televisión, cuando el periodista es al mismo tiempo entrevistador, difusor de mensajes publicitarios y propagandista de determinada posición política. Sin duda, las nuevas tecnologías favorecen la desaparición del periodista, pero también contribuye a ello ese comportamiento ambiguo del profesional de la información al abandonar su primigenio papel social.
La segunda víctima serían los receptores, los destinatarios de los mensajes que, en principio, deberían contribuir a su formación ciudadana. Pero el sentido y la técnica de un mensaje propagandístico y publicitario no forma ciudadanos, sólo consumidores y borregos, muy lejos de los ciudadanos conscientes que demanda una democracia participativa. La sociedad venezolana en su conjunto y especialmente las escuelas de comunicación social, los comunicadores sociales, los investigadores, profesores y estudiantes tienen la palabra.

Caracas, octubre 2002

1 Según la clasificación del U.S. Bureau of Labor Statistics citada por Tapscott, las comunicaciones incluyen telecomunicaciones; equipos caseros de audio y video; equipos telefónicos y de telégrafo; equipos de radio, TV y comunicaciones; transmisión de radio y TV; y comunicaciones (excepto radio y TV). La computación incluye equipos computarizados; semiconductores y equipos relacionados; componentes electrónicos; equipo eléctrico y suministros; equipos de investigación y navegación; servicios de computación y de procesamiento de datos; software; talleres de reparación de equipos eléctricos. Las llamadas industrias de contenidos, incluye diarios, publicaciones periódicas, libros, publicaciones varias, publicidad, fotocopiado, arte comercial, fotoacabado, películas, TV por diferentes modalidades, alquiler de videocintas e industria del entretenimiento en general. Las ramas que comprende este nuevo sector, los montos de capital que mueve y la tecnología de punta que utiliza explican por sí mismo su centralidad en el nuevo ordenamiento económico mundial.
2 Véase Edward Herman y Robert Mcchesney: Los Medios Globales. Los nuevos misioneros del capitalismo corporativo. Cátedra, Madrid, 1997.
3 Entendemos la globalización como la fase actual de desarrollo del capitalismo en la que coinciden al menos seis grandes procesos sociales: 1) la crisis del régimen de acumulación de postguerra; 2) la ocurrencia de la revolución científico técnica con su desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, las tecnologías de nuevos materiales y las biotecnologías y bioingenierias; 3) la emergencia de un nuevo paradigma productivo basado en la flexibilización de los procesos de valorización y la precarización de las condiciones de trabajo; 4) el colapso del “socialismo real” y la crisis de los paradigmas, la alteridad y la utopía; 5) el ascenso del neoliberalismo como paradigma social hegemónico, cuyo núcleo central es la hegemonía mercantil, el “globalismo” y el “Estado mínimo”; 6) el desarrollo de una cultura nihilista basada en el consumismo hedonista sin ningún horizonte de trascendencia.
4 Citado por Josefina Blanco en el artículo “El afán de riqueza merma la calidad de la prensa. Un dardo en el alma del periodismo de EE UU”. El Nacional, 09-08-1998.
5 Ibídem.
6 Véase